ÉSTE PODRÍA convertirse en el mes más peligroso para la contienda electoral que, al menos en Veracruz, renovará la Gubernatura y el Congreso del Estado, y que de acuerdo a fuentes confiables, sería coronada con acciones judiciales –tanto de la Federación como por parte del Estado- contra ciertos personajes ligados a la administración duartista, algunos protegidos, actualmente, por el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares por la información aportada para juzgar a Duarte y su pandilla. De confirmarse la versión, se estarían concretando acciones no solo contra infractores de la polución que tanto daño causó al Estado, como ha sucedido hasta el momento sino, también, contra quienes permitieron esos actos de corrupción cuando tenían la obligación de denunciarlos y no solaparlos a conveniencia para, posteriormente, entregarlos al actual gobierno en aras de salvarse. Y es que en la cúpula del poder Federal existe severo malestar del Presidente Enrique Peña Nieto y de su equipo más cercano, debido a la fotografía que se filtró desde una oficina del gobierno estatal en pleno escándalo de Karime Macías de Duarte -localizada en Londres-, en la que se ve a la ex Primera Dama del Estado en compañía de la señora Angélica Rivera, Presidenta Nacional del Consejo Consultivo Ciudadano del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y esposa del titular del Ejecutivo Federal, como si pretendieran con ello mandar un mensaje no tan cifrado, sobre todo porque a Macías Tubilla se le busca por malversar o desaparecer 112 millones de pesos y por presuntos actos de corrupción que ahora le permiten vivir a todo lujo en Gran Bretaña, una gráfica innecesaria pero publicada con dolo.
SIN DUDA fue una acción inmadura producto de la soberbia que se transpira en algunas oficinas de la administración Estatal ligadas a la procuración de justicia, olvidando que México aún vive un presidencialismo a ultranza, y que las consecuencias para el atrevido que ha mostrado ser poco serio y bastante pueril para el cargo que desempeña, podrían ser de consideración. Jorge Carpizo McGregor, destacado jurista y político mexicano que ocupó destacados cargos públicos, entre otros, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Procurador General de la República y Secretario de Gobernación definió en su libro, del mismo nombre, al presidencialismo como el que denomina la predominancia del Poder Ejecutivo sobre los pesos y contrapesos del régimen político y sobre los mecanismos de decisión política en el periodo citado, gracias a que la institución presidencial puede hacer uso de facultades constitucionales y metaconstitucionales que se le otorgan al Presidente por encima de los demás órganos del Estado, y ahí está el caso de Ricardo Anaya que de llevar un buen paso rumbo a la Presidencia, se atrevió, en aras de ganar el voto anticorrupción, a amenazar al Jefe de las Instituciones Federales con llevarlo a la cárcel si ganaba, mientras que Andrés Manuel López Obrador se ha pronunciado por un cambio terso de poderes, no restando autoridad a Peña hasta el último día de su mandato e, incluso, reuniéndose con el jefe político de la Nación al día siguiente de conocerse su triunfo.
ANAYA, POR lo tanto, se topó de pronto –en su inmadurez- con una investigación en la que fue vinculado al uso de empresas fantasma para la venta de una nave industrial de su propiedad a su ex socio queretano, Manuel Barreiro, y bastó difundirlo con el respaldo de la PGR y los medios de comunicación afines para que el panista se desinflara, a tal grado que algunas encuestas ya lo colocan en tercer lugar, por debajo de José Antonio Meade Kuribreña que estaba en un lejanísimo tercer sitio. AMLO, por su parte, mantiene la ventaja y, a decir verdad, los golpes bajos han menguado, y hasta pareciera que existen valores entendidos de que si gana la Presidencia su triunfo será respetado, pero no por ello Meade ha bajado la guardia, por el contrario, mantiene un ritmo apresurado de campaña tratando de acortar distancia. El atrevimiento de Anaya, por lo tanto, tuvo sus consecuencias y la apertura de Andrés Manuel López Obrador al diálogo y el respeto con Peña comienzan a cimentar una aceptación indiscutible en caso de ganar el tabasqueño.
EN VERACRUZ se olvidaron que, incluso, entre las mafias debe haber respeto a la familia, y si bien el caso Karime Macías obliga a las autoridades judiciales a aportar los elementos que permitan su detención, extradición y vinculación a proceso si se confirma su participación en acciones que lesionaron a los veracruzanos, siempre dentro del marco del derecho, aunque eso de actuar con saña inusitada difundiendo en redes sociales hasta la ficha roja de Interpol en contra de la ex primera dama, lo mismo que videos obtenidos de manera subrepticia, deja mucho que desear y solo evidencia una borrachera de poder absurda que en nada abona a la transparencia y menos a la mesura.
HAY MALESTAR en el ámbito político Federal porque se atribuye al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares la filtración de informes que permitieron a Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), a un mes de la elección a la Gubernatura –ahora que el PAN-PRD-MC comienzan a perder vapor-, revelar que durante el gobierno del ahora procesado, Javier Duarte de Ochoa se emplearon empresas fantasma para desviar dinero público a las campañas del PRI en 2012, y que el operador de esos desvíos fue el contador Víctor Manuel López Gachuz, quien creó una red de al menos 400 empresas fachada de las cuales 57 recibieron tres mil 617 millones de pesos del gobierno duartista, dinero que estaba destinado a niños, ancianos y damnificados.
LOGÍSTICA ESTRATÉGICA “Asismex” habría sido una de las empresas ligada a la red “fantasma” de Duarte, según revela el MCCI, y de acuerdo a la investigación, fue utilizada en un esquema de financiamiento ilegal en las elecciones de 2012, cuando el PRI y el PVEM postularon a Enrique Peña Nieto a la presidencia de México. La empresa tenía su domicilio fiscal en la calle Fernando de Magallanes 213, en el fraccionamiento Reforma de la ciudad de Veracruz, mientras que los supuestos dueños viven en colonias populares del mismo puerto, y son accionistas de otras 14 compañías utilizadas en licitaciones de obras para saquear recursos durante el gobierno de Javier Duarte que fueron a parar a la campaña de Peña Nieto. Por ello el malestar presidencial a siete meses de finalizar la administración, y con el suficiente poder para poner de rodillas a quienes en su desesperación, no han dudado en atacar a la figura presidencial en aras de apoderarse del Estado. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com
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