HUBO UN tiempo en que las mafias y la política tenían honor. Se despedazaban entre jefes pero respetaban a la familia, y hay de aquél que se atreviera a romper semejantes pactos agrediendo a la esposa e hijos de un mafioso, pero de pronto delincuentes y políticos se dieron cuenta que no hay forma más eficaz de doblar al más pintado si no es apretando esa parte que duele, que punza y causa rabia como es la mismísima piel. Había códigos de conducta inviolables creados por la “Cosa Nostra” siciliana y la Americana, acuerdos no escritos pero bien estructurados que establecieron en el seno de sus organizaciones, entre otras: Nunca mirar a la mujer de compañeros. No puede apropiarse del dinero si pertenece a otros o a otras familias. No tocar a las mujeres de otros hombres. No robar a otro hombre ni, en general, a nadie. No matar si no es estrictamente necesario y, no pelear con otro hombre de honor. (Se les llamaba “hombres de honor” porque a los integrantes se les obligaba bajo juramento a ayudarse mutuamente y a no servir de testigos ante ningún tribunal). Pero los tiempos cambiaron, y en México la traición a Héctor Luis Palma Salazar “El Güero Palma” cambió el código del narco o mafioso. Palma formaba parte del cártel de Guadalajara, pero traicionó a Miguel Ángel Félix Gallardo robándole un cargamento de droga, y eso alteró las reglas de los narcotraficantes de no agredir a las familias ni calentar los sitios de descanso o vida de los hijos, esposas o padres. En venganza por el hurto, Félix Gallardo ordenó que el venezolano Rafael Clavel Moreno enamorara a Guadalupe Leija, esposa del Güero, y Clavel Moreno acató la instrucción, y cuando finalmente lo logró trasladó a la mujer a San Francisco, donde la asesinó y envió la cabeza a su esposo en una caja de cartón, y en Venezuela arrojó a los hijos de Palma Salazar desde un puente, lo que le convirtió en una fiera y en uno de los más sádicos capos en contra de familiares de sus enemigos, rompiendo una regla no escrita que a la fecha es usada por las mafias y se expande: vengarse en la familia las afrentas.
EN MÉXICO durante muchos años la familia de un político era respetada aun cuando cayera en desgracia o terminara en prisión, y ahí están los casos de Arturo “El Negro” Durazo Moreno, uno de los políticos más corruptos del lopezportillismo a quien, sin embargo, el Estado mandó a la cárcel pero guardó prudencia y respeto contra su descendencia, y los ejemplos abundan en otros muchos casos, sin embargo, las cosas cambiaron cuando el, entonces, Presidente Ernesto Zedillo Ponce de León decide declarar la guerra a su antecesor Carlos Salinas de Gortari y lograr llevar a prisión al hermano incómodo Raúl Salinas de Gortari, en tanto en medios de comunicación antaño aliados a esa familia se iniciaba una guerra contra los otrora todopoderosos, pugna que a punto estuvo de llevar a la cárcel al mismísimo ex mandatario nacional. Con el advenimiento de Acción Nacional a la Presidencia las cosas no cambiaron, pero no ocurrió lo mismo con los gobernadores recientes de ese partido que optaron por perseguir no solo a sus antecesores sino a colaboradores, y hasta ahí las cosas bien si cometieron ilícitos en contra de gobernados y del propio Estado, como ocurrió en Veracruz con Javier Duarte y su pandilla, sin embargo, el uso de esa práctica estaría por convertir en reses a los carniceros de hoy si la aventura electoral de Julio no sale como la están planeando, pues no hay nada más arriesgado que sentar un precedente.
EN VERACRUZ, al igual que en Quintana Roo, con Roberto Borge Angulo y su madre, María Rosa Yolanda Angulo Castilla, a quien aseguraron 22 inmuebles a su nombre y le abrieron un proceso; Sonora con el ex gobernante Guillermo Padrés Elías y su hijo Guillermo Padrés Dagnino internado en prisión por delincuencia organizada y, meses después, liberado, y Tabasco con Andrés Granier y su hija Mariana Granier Calle a quien incautaron cuentas bancarias y le iniciaron proceso, por solo citar algunos casos, la persecución se extendió a Karime Macías de Duarte un año después de la detención del ex gobernante jarocho, y precisamente en tiempos electorales, cuando el escándalo mediático busca abonarle reconocimiento a Miguel Ángel Yunes Linares y su hijo, el candidato del PAN-PRD-MC a la gubernatura Miguel Ángel Yunes Márquez.
Y ES que la mañana de este domingo, el Fiscal del Estado, Jorge Winckler Ortiz dio a conocer -con bombo y platillo- que un juez dictó orden de aprehensión en contra de Karime Macías por un probable daño patrimonial al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado, por un monto superior a los 112 millones de pesos bajo su administración. Pero el fiscal no aceptó preguntas de medios de comunicación -que acaso, ha de decir, para eso se les paga a través de miniconvenios en el Congreso del Estado-, pero leyó un discursito que no convenció a nadie, sobre todo cuando dijo que, “se ha logrado determinar que recursos de esa institución se utilizaron para suscribir y pagar contratos de compra venta con seis empresas inexistentes, conocidas como empresas fantasma, para la supuesta adquisición de equipo médico, productos multivitamínicos, sistema de purificación de agua, sistemas de captación pluvial, sanitarios biodegradables, artículos electrónicos, paquetes escolares y otros, sin que exista evidencia de que hayan sido entregados a la población vulnerable que debe atender esta dependencia”.
WINCKLER tiene razón; si existen todas esas anomalías que enuncia, que se proceda ipso facto contra la señora, ahora refugiada en Reino Unido, aunque quedarían dos dudas: 1.-¿Por qué hasta ahora, precisamente, cuando la efervescencia de las campañas colocan a Yunes Márquez bien en ciertas encuestas y mal en muchas otras? y, 2.-¿Solo se procederá contra Karime, cuando existía una Contraloría del Estado que no cumplió su deber de indagar administrativamente cualquier supuesto acto de corrupción?. Porque, hasta donde se sabe, Ricardo García Guzmán, el ex contralor de Duarte no ha sido molestado en lo más mínimo, por el contrario, sus hijos fueron premiados por el actual gobierno panista con candidaturas. Y es que si se va aplicar la ley, lo menos que debería hacer el Fiscal es ejercerla parejo, porque de acuerdo al reglamento de la contraloría, a Guzmán le resultaría responsabilidad, ya que entre sus atribuciones estaba el “practicar las diligencias que se estimen procedentes, a fin de integrar debidamente el expediente relacionado con presuntas irregularidades cometidas por servidores y ex servidores públicos de la Administración Pública Estatal”, algo que el panuquense pasó por alto y, sin embargo, se le premia la traición. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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