El pasado 10 de abril se dictaminó, por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que el gobernador con licencia Jaime H. Rodríguez Calderón (alias El Bronco) fuera considerado en las boletas electorales para intervenir oficialmente en los próximos comicios presidenciales a celebrarse en el mes de julio. Tal decisión suprema e inapelable fue avalada por cuatro de los siete magistrados de dicha institución, misma que despertó sospechas y propició molestias e inconformidades en la mayoría de los actores políticos, en los especialistas de la materia, en reconocidos juristas como Diego Valadés, así como en sectores amplios de la ciudadanía, ante la avalancha de irregularidades observadas en las “listas de apoyo” que respaldaron a Rodríguez Calderón.
De inmediato surgieron interrogantes del colectivo: ¿Qué hay atrás de esa impúdica decisión? ¿Se obedeció a una sugerencia del ex–presidente Salinas de Gortari? ¿Por qué el afán de ensuciar aún más el proceso cívico?, ¿Fue una orden de la más alta jerarquía? ¿Se pretende “descarrilar” una candidatura? ¿Acaso con ese dictamen no “se mandan al diablo” a las instituciones? ¿Quién sale beneficiado con ese despropósito de los 4 alfiles (magistrados), envueltos en el escándalo y en la desconfianza? Es pertinente apuntar o mencionar las irregularidades detectadas por los consejeros del INE y después por los magistrados del Tribunal Electoral, quienes al revisar lo documentación del Bronco se encontraron aberraciones como las siguientes: duplicaciones de credenciales de elector, firmas y datos ilegibles, ciudadanos que no están en el padrón, muertos “resucitados”, aprovechamiento de recursos públicos, financiamiento “oscuro” y fotocopiados turbios y manipulados.
Los magistrados del TEPJF que acreditaron al ya conocido como “El Rey de la Simulación”, o sea Jaime H. Rodríguez, son: Felipe A. Fuentes Barrera, José Luis Vargas, Indalfer Infante González y Mónica A. Soto Fragoso, quienes a partir de hoy cargarán con un pesado fardo de ignominia porque con esa bochornosa determinación envían al conglomerado nacional un mensaje siniestro, pues ante un burdo fraude en las elecciones del mes de julio ellos podrían actuar de manera inapropiada y ser cómplices por omisión. También los detractores del fallo cuestionado enfatizan que esos ministros actuaron con doble moral, toda vez que a varios aspirantes independientes “les cerraron las puertas” y al Bronco le abrieron las caballerizas de par en par, debilitando con ello el sistema democrático y la confianza ciudadana, además de otorgar un tratamiento desigual a los actores o participantes. El colmo fue que ese fantoche de opereta, Jaime H. Rodríguez, tuvo un 60% de incongruencias, inconsistencias e irregularidades.
Entre todo ese pantanoso y percudido asunto del veredicto, por mayoría, del TEPJF que amerita remitirse al basurero de la historia jurídica o al archivo de la inmundicia legal, destaco lo expresado por una integrante de dicho Tribunal que votó en
contra de la aberración. Dijo: “El Tribunal debe contribuir a generar los incentivos que inhiban prácticas como la simulación de credenciales de elector o el uso indebido de copias, porque esas prácticas constituyen un retroceso democrático en una figura (candidatura independiente) que técnicamente tendría que fortalecer la democracia…” Por cierto que el único partido y el único candidato que se unieron al regocijo de El Bronco fueron el PRI y José Antonio Meade K. y se espera prudentemente que los connacionales objetivos, analíticos y enterados le den la espalda a esa espuria, bronca y maloliente propuesta.
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Atentamente
Profr. Jorge E. Lara de la Fraga. |
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