AHORA QUE el Gobierno del Estado incautó el rancho “La Cartuja” ubicado en el municipio de Naolinco, y que de acuerdo a la escritura que lo ampara está a nombre de Miguel Bermúdez Zurita, hermano del ex Secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita –procesado en el reclusorio de Pacho Viejo por presunta desaparición forzada y abuso de autoridad entre otros ilícitos-, y que antes habría estado a nombre del padre del ex funcionario, no estaría de más que los colectivos que buscan a familiares desaparecidos durante el fatídico duartismo solicitaran a un juez realizar indagaciones en el predio, más aun cuando ha trascendido que en el lugar fueron encontrados diez caballos, armamento de diferentes calibres, hierba verde con características de la marihuana y, para variar, un zoológico con animales exóticos –sin que se diga de qué especie, aunque por los gustos del procesado, bien podrían ser leones, tigres o cocodrilos como los que solía exhibir en el zoológico que poseía en la academia de policía de El Lencero-. De acuerdo al Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, además del mencionado predio conocido como La Cartuja (nombre de una orden monacal fundada en 1084 por San Bruno de Chartreux. “La Cartuja de Clermont), investigan propiedades en México, USA y Europa, entre otros predios y hoteles ubicados en la playa de Chachalacas y en Quintana Roo, así como residencias en Woodland, Texas, que aparecen a nombre de Bermúdez, además de una casa en Miami que podría tener un valor de 10 a 12 millones pesos.
Y ES que se ha tornado común que los políticos nacidos en la ciudad –y sobre todo en la pobreza- se corrompan no solo para obtener bienes inmuebles que nunca poseyeron como lujosas residencias junto al mar, cerca de un río, con lago propio o, en el peor de los casos, sin tener relación alguna con el agro, grandes extensiones de tierra como en los viejos tiempos del latifundismo que precedió a la Revolución Mexicana. Comprar un rancho y construir una mansión al añejo estilo de las haciendas porfiristas –ahora con alberca, grandes bares, rodeos, palenques personales y espacio para cría de caballos pura raza o gallos de pelea- se ha tornado un vicio para políticos, “nuevos ricos”, y en Veracruz el ejemplo emblemático lo dio Javier Duarte de Ochoa cuyo padre fue secretario general de la Confederación Nacional Ganadera, pero que el temblor del 19 de Septiembre de 1985 le cegó la vida, lo que obligó a la familia a vender sus predios. Duarte de Ochoa, que jamás tuvo relación con el campo, andando el tiempo –ya encumbrado en el “pinche poder”- decidió, por lo tanto, comprarse entre otros pasatiempos para el retiro –con el dinero del pueblo, por supuesto-, grandes extensiones, y acaso el más sonado –y ya incautado- ha sido el Rancho “Las Mesas” ubicado en Valle de Bravo, Estado de México, el cual cuenta con suites, caballerizas, un lienzo charro, canchas y una construcción central de 1 mil metros cuadrados. La propiedad está a nombre de 3 supuestos prestanombres de Duarte y se piensa que para su remodelación se utilizó dinero del erario que estaba destinado a Educación y Salud. Las Mesas tiene una extensión de 922 mil 319 metros cuadrados, y está valuado, según la PGR, en 223 millones de pesos.
PERO EL caso Duarte es uno de tantos en la pasada administración; sus colaboradores, imitando al “jefe”, también, se dieron a la tarea de “comprar” enormes extensiones de tierra de buena calidad, y en ese tenor, de ser un humilde estudiante de derecho y funcionario en los inicios de su carrera, Erick Lagos Hernández es, ahora, además de diputado Federal, un rico terrateniente del sur del Estado, con ranchos donde cría ganado de alto registro tanto bovino como equino que supera a los piñeros de la familia Gasperín Crivelli, y lo mismo sucede con el ex oficial mayor de la Secretaría de Educación, Edgar Spinoso Carrera que si bien heredó algún rancho de su padre, adquirió otros que tienen hasta pista de aterrizaje, y qué decir de otro legislador como Antonio Tarek Abdalá, y muchos más a quienes les vino el espíritu ranchero de buenas a primeras.
POR LO pronto “La Cartuja”, predio con un costo de aproximadamente 40 millones –debe valer más ya que la hectárea en esa zona ronda los 500 mil a 1 millón de pesos- tiene en su interior 5 casas, tres edificios, 1 capilla, un lienzo charro, canchas deportivas, un zoológico, además de una motocicleta, diez caballos, animales exóticos y armamento de diferentes calibres y, al parecer, hierba verde con características de la marihuana; el predio fue incautado el pasado 23 de Marzo luego de algunas denuncias que aseguraban que ahí pernoctaban personas armadas. Dice el Gobernador que “el día 23 de Marzo a las 17:40 horas, previa solicitud judicial, la Fiscalía General del Estado llevó a cabo el cateo en tres inmuebles”, por lo que ya fue iniciado un procedimiento para que se demuestre que fue comprado con recursos lícitos, aunque adelantó que “todo indica que fue comprado con recursos ilegales”, por lo que advirtió que los propietarios pagarían las consecuencias y tendrán que devolver esos recursos. Dice Yunes que el rancho constituye un “descaro total” por ubicarse a pocos kilómetros de Xalapa, y en ese tenor advirtió que, también, investigan propiedades en la playa de Chachalacas y en Quintana Roo.
SEGÚN DATOS publicados en la página web de la Secretaría de Finanzas y Planeación, entre Noviembre de 2016 y Febrero de 2017 el Gobierno de Miguel Ángel Yunes recuperó 722 millones 451 mil pesos que Javier Duarte se robó durante su gestión, además del rancho Las Mesas, en Valle de Bravo, Estado de México; el rancho El Faunito, en Fortín de las Flores; una casa en Tlacotalpan y dos más en Boca del Río y un departamento en Marina de Tajín, Alvarado, además de 16 lotes, un local comercial en Torre Ánimas en Xalapa; cuatro lotes de terreno en Punta Tiburón, Alvarado; cuatro lotes de terreno en Pastoresa, Xalapa; un lote en Corral Falso, Emiliano Zapata; cinco lotes en Denominados Modelo y Las Lágrimas, Xalapa y un lote en Los Tabachines, Emiliano Zapata.
EN FIN, lo de Arturo Bermúdez, anticipamos, apenas comienza luego de que el Órgano de Fiscalización Superior determinó que el secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte no es responsable por el desvío de 340 millones de pesos, y aunque se dijo que la decisión fue un duro golpe para el gobierno de Yunes Linares que ha llevado a la cárcel a distintos exfuncionarios que trabajaron en la gestión de Javier Duarte de Ochoa, lo cierto es que el ex funcionario seguirá en la cárcel, ya que el Orfis solo alborotó el avispero y ahora van por la familia, por otros bienes y, demostrarle que si tuvo que ver en diversas desapariciones por las que 19 ex elementos de Seguridad Pública son juzgados, actualmente. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com
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