EN MAYO de 2011, el sacerdote Alejandro Solalinde puso, por primera vez, el dedo sobre la llaga: “tiene que abrirse el suelo veracruzano, porque yo creo que ha de ser un hervidero de esqueletos por donde quiera”. El titular del albergue “Hermanos en el camino” de Ixtepec, Oaxaca, suponía lo anterior a propósito de las fosas clandestinas que horrorizaron al País meses antes, localizadas a finales de Marzo en San Fernando, Tamaulipas; en Durango y Coahuila, de las que el prelado habría expresado “son sólo una pálida sombra de Veracruz”. Y el activista católico no se equivocó. El Estado se insertó en poco tiempo como el campeón de los desaparecidos pero, al mismo tiempo, de las “fosas clandestinas”, de tal suerte que en un predio de Colinas de Santa Fe, en el puerto de Veracruz, han sido localizadas infinidad de fosas, exhumándose a la fecha 281 cadáveres, aunque de acuerdo con la presidenta del Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, podrían contabilizarse 500 cuerpos. Eso ahí, porque en el norte centro y sur se han ido ubicando cementerios ilegales donde el número de cuerpos rebasa lo imaginable. Y aunque la Fiscalía del Estado dice que entre 2006 y 2016 se registraron 3 mil 600 denuncias por desapariciones, periodo que comprende los sexenios de Fidel Herrera Beltrán y Javier Duarte de Ochoa, lo cierto es que colectivos que buscan a sus familiares hablan de hasta 7 mil o más desaparecidos hasta Diciembre del año pasado, esto sin considerar a migrantes cuyos parientes los buscan sin resultados exitosos. Y es que desde su creación, a principios del año pasado, el Registro Público de Personas Desaparecidas no ha reportado desaparecidos ni desapariciones forzadas –pese a que hay testimonios de éstas-: la Fiscalía, cuando los medios abordan el tema, se apresura a desmentir y lanzar improperios contra los medios de comunicación, aun cuando integrantes del Colectivo Solecito revelan 18 casos en el municipio porteño, entre Diciembre de 2016 y Mayo de 2017, de los cuales no existe información disponible en el portal de la dependencia.
SOLALINDE DEJÓ en claro que “existe complicidad entre altos mandos policiacos Estatales y gubernamentales, quienes insisten en culpar exclusivamente al gobierno federal de secuestrar y desaparecer a personas, entre éstas, a migrantes” pero, hasta donde se sabe, nadie ha sido detenido y juzgado por semejantes atrocidades, aun cuando la cifra es espeluznante. Hay ex funcionarios del Gobierno de Javier Duarte de Ochoa en prisión, muchos ligados al aparato de seguridad, pero solo dos o tres han sido inculpados de cometer desapariciones de casos específicos y por cuestiones pasionales.
LO QUE nadie podría negar es que el, ahora, ex Subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, constituyó, durante su estancia en ese cargo, una esperanza para cientos, miles de personas que buscan a sus familiares, ya que gracias a su participación en el acompañamiento de búsqueda, facilitando pruebas de ADN mediante la Policía Científica, ordenando la inspección de algunos predios, vía intervención ante Gobernadores, incluido, el de Veracruz, se logró prosperar en la identificación de cuerpos, cementerios ministeriales para resguardar cadáveres aun no identificados, y en la gestión de la ayuda a víctimas. Campa sentó un precedente que, difícilmente, será llenado en los años por venir, y aunque los avances fueron pocos, es innegable que son significativos tomando en consideración que el tema de los desaparecidos, hasta hace poco, a ningún Gobierno le importaba, acaso por comodidad o complicidades.
ROBERTO CAMPA es, ahora, Secretario de Trabajo, y quedan inconclusas muchas búsquedas a las que ojalá se dé seguimiento, pues de acuerdo a los colectivos, en Colinas de Santa Fe, “uno de los anónimos que recibimos, que ahora vemos que tenía razón, decía que 500 cuerpos estaban sepultados allí clandestinamente, y nosotros llevamos cerca de 300, 281, es decir que todavía nos falta un poquito para 300, pero ellos hablaban de 500 cuerpos, y estamos seguros que ahí están, pero hay que seguir escarbando”. No se podría negar que fue gracias a la intervención de Campa Cifrián como se logró la atención y consignación de quienes detuvieron y desaparecieron a cinco jóvenes de Playa Vicente en el municipio de Tierra Blanca, e incluso, alguna vez escribió en su cuenta de Twitter @1campa que se encontraba en Playa Vicente, Veracruz, acompañado del comisionado general de la Policía Federal, Manelich Castilla Craviotto, encuentro en el que, también, participaron la fiscal de investigaciones Ministeriales, Rosario Zamora, y el titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín. El funcionario estuvo presente junto a los familiares hasta que el caso fue concluido al darse a conocer que los jóvenes habrían sido desintegrados en ácido, y los desechos líquidos arrojados en un río que cruza el lugar donde fueron asesinados. (De hecho, sirva esta columna para recordar que este día, 11 de enero, se cumplen dos años de que los cinco jóvenes de Tierra Blanca fueron desaparecidos por elementos de la Policía Estatal y de la delincuencia organizada). Es indiscutible, por lo tanto, que su nuevo nombramiento como titular de Trabajo podría obstaculizar muchos avances que ya se tenían en materia de búsqueda de desaparecidos e identificación de cuerpos encontrados en fosas clandestinas. Ojalá no fuera de esa manera. Así las cosas…
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EL MIÉRCOLES corrió como reguero de pólvora una noticia que nos cimbró: en su rancho ubicado a un costado de la carretera estatal Colipa-Vega de Alatorre fue encontrado el cadáver de un personaje con el que tuvimos añeja amistad, porque era buen hombre, excelente abogado laborista, político de cepa y un convencido perredista de toda la vida. Su sueño había sido gobernar Colipa, el lugar que lo vio nacer, pero antes fue diputado local e integrante del Comité Directivo Estatal del PRD. Víctor Molina Dorantes era, sin duda, un buen esposo y padre de familia, y uno de esos seres que se quedan en la amistad y el tiempo por su pensar positivo, conciliador y siempre atento. Alguien le cegó la vida la mañana del miércoles y su cuerpo quedó en medio de un charco de sangre en el interior de la casa de su predio, a donde acudió tras una llamada de cierta persona que le pagaría facturas pendientes. Pero algo paso, y Molina Dorantes que tenía 10 días de haber entregado la Presidencia Municipal de su tierra fue abatido, y aunque mucha gente ha externado su pesar por esa lamentable pérdida, los perredistas, corriente de la que formó parte, han preferido el silencio. Viven en amasiato con el PAN de Jorge Winckler, y prefieren no perturbar al señor, serviles y medrosos como son de perder las canonjías que por fin están gozando. Vaya ingratitud para un hombre que dio su vida al PRD, y que hoy las tribus lo desconocen por acomodaticias. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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