De Veracruz al mundo
MOMENTO DE ACOTAR
Jorge Francisco Cabral Bravo
2017-12-18 / 13:56:13
La verdad sospechosa y el tiempo político
Con solidaridad y respeto a Miguel Ángel Yunes Linares, Héctor Yunes Landa, José Francisco Yunes Zorrilla
Lo dijimos en este espacio y volvemos a insistir en el tema hace 11 años que las Fuerzas Armadas de nuestro país comenzaron a realizar tareas relacionadas con la seguridad pública, una obligación reservada a cuerpos civiles en todos los regímenes democráticos.



El 11 de diciembre de 2006, a diez días de haber comenzado su mandato como Presidente, Felipe Calderón ordenó el despliegue de los primeros batallones del Ejército a Michoacán para combatir al crimen organizado. Inició así nuestra guerra y la renuncia a un modelo de seguridad para los ciudadanos, en manos de instituciones civiles.



Los costos han sido innumerables. No hay duda del respeto que el pueblo mexicano le profesa al Ejército y la Marina no sólo por la ayuda humanitaria que suelen prestar cada vez que se necesita, sino porque son los únicos que han logrado generar y/o mantener cierta paz en muchas comunidades a lo largo y ancho del país y también porque son los que mejor han resistido el poder corruptor del crimen organizado.



Es verdad que no fueron los militares los que pidieron salir a las calles ni los que quieren permanecer en ellas. Tampoco son los responsables de la ineptitud y corrupción en muchas autoridades civiles, sobre todo a nivel local, que durante décadas no hicieron un buen trabajo en la formación de policías profesionales y confiables, lo que generó un persistente clima de inseguridad y violencia, así como impacto negativo en el desarrollo, la competitividad, la cohesión social y, sobre todo la pérdida de incontables vidas tanto civiles como de los propios miembros de las Fuerzas Armadas. Cientos de miles de personas han sido asesinadas, el número de desaparecidos crece día con día, miles de familias han sido desplazadas de sus hogares, cientos de ciudadanos hoy dedican sus días y noches a la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Los grupos de la delincuencia organizada son hoy más numerosos, más violentos y más poderosos; nuestros policías e instituciones de justicia son menos eficaces y más débiles.



Ante el fracaso de las autoridades civiles, se pide al Ejército que asuma cada vez más tareas de seguridad pública, a pesar de no contar con entrenamiento para ello ni estar constitucionalmente facultado para realizarlas.



Hoy más de 52 mil soldados son desplegados anualmente a lo largo del país para contener la violencia que sigue creciendo.



A nuestros soldados y marinos se les dijo que su lucha contra los criminales sería temporal, que el Estado mexicano pondría todas sus capacidades en la tarea de definir un modelo policial, cuya implementación contaría con recursos económicos y humanos suficientes para que pudieran regresar a los cuarteles, lo mismo se les dijo a los organismos internacionales de derechos humanos que han señalado una y otra vez la necesidad de normalizar la situación.



Sin embargo, fracasamos, y la máxima expresión de la aceptación del Estado mexicano de que ni siquiera está a la vista el momento en que contemos con suficientes policías capaces de hacer su trabajo es la Ley de Seguridad Interior, una ley que busca normar lo irregular y cuyo mensaje es que nos rendimos porque en vez de avanzar en la legislación que establezca un nuevo modelo policial, apostamos por la permanencia del Ejército en las calles.



A 11 años de iniciada la guerra, tenemos un país más violento, menos transparente, con instituciones civiles más débiles y una intervención militar que, lejos de ser una excepción, se ha convertido en el corazón del modelo de seguridad (y, cada vez más, del paradigma del gobierno). Se dijo entonces que el uso del Ejército era una medida temporal, excepcional, pero hoy es la norma. Incluso, ha modificado las reglas del juego político a nivel nacional.



La realidad se ha impuesto: los ciudadanos de los lugares custodiados por las Fuerzas Armadas no quieren que se vayan, como tampoco los gobernadores y alcaldes que tienen la presión de la inseguridad día con día. No hay quien supla a los soldados y marinos, quienes han pedido una ley que les dé certeza jurídica sobre su actuación.



No existe indicador alguno que insinúe que la estrategia ha funcionado pero, a pesar de la gravedad de la crisis y los deplorables resultados, no parece haber intención alguna de cambiar, o siquiera cuestionar, el paradigma actual. En esta administración se ha afianzado la estrategia de combate y decapitación de cárteles, y dejado a un lado la construcción de instituciones de justicia. La creación de la Fiscalía General de la República sigue sin avanzar y hace más de un mes se descartó, sin discusión, las propuestas de reforma a las policías. No hay planes para regular el uso de la fuerza ni retirar al Ejército de las calles. A la vez, seguimos sin diagnóstico que permita entender los efectos que tiene la presencia



militar en importantes extensiones del país. ¿Dónde ha funcionado y dónde ha sido perjudicial? No sabemos a ciencia cierta, pero la evidencia apunta a que el daño ha sido mucho mayor que el beneficio y a que la militarización ha exacerbado la violencia.



El modelo de seguridad actual pone al Estado en el centro y justifica todo en torno a su protección. Lejos estamos de tener al ciudadano como eje de nuestras preocupaciones de seguridad. Por ello, son recurrentes las propuestas que buscan limitar derechos o aumentar la opacidad y la discrecionalidad de las autoridades para lograr seguridad.



En este modelo, donde lo relevante es proteger al Estado (no a las personas), también son menor importancia los riesgos que tiene para la población civil la aprobación de una Ley de Seguridad Interior o la sumisión del poder civil frente al militar. El Estado es lo que importa, las personas después.



Ante las circunstancias, la Ley de Seguridad Interior es inminente. El punto es ¿qué ley?



Se han hecho numerosas críticas a la minuta aprobada por la Cámara de Diputados, de manera destacada, los riesgos a los derechos humanos, la falta de controles, supervisión y rendición de cuentas, el peligro de opacidad en la información, etc. Todo ello es sin duda importante, pero lo más grave es que dicha minuta no resulta un instrumento transformador, sino uno perpetuador. Como ejemplo, las prórrogas para la permanencia de los militares en un sitio no tienen límite ni están sujetas a avances en la profesionalización de las policías, tampoco se especifica un protocolo más allá de la autorización del Presidente de la República, lo cual puede convertirse en un instrumento político y de control de éste hacia los alcaldes y los gobernadores.



Dos organismos de Estados: la ONU y la CIDH; y dos órganos del Estado: la CNDH y el Inai han expresado serias preocupaciones sobre la ley, además de juristas serios y numerosas organizaciones de la sociedad civil, nacionales e internacionales.



Como apunte en una columna previa, los costos de los últimos años deberían convencernos que más de lo mismo no tendrá otro resultado.



11 años de guerra son demasiados. Es tiempo de algo diferente. Hay propuestas. Lo que falta es un gobierno dispuesto a tomarlas en consideración.



Cambiando de página, es muy difícil encontrar un político mexicano, en busca del voto ciudadano, hablar responsablemente del futuro, pues les causa pavor. En no pocas ocasiones he comentado de esa perversa inclinación de nosotros los



mexicanos, de adorar el pasado; de querer venderlo como el mejor de los futuros. El pasado nos seduce y encanta porque, de entrada, nada nos exige; porque nada se puede hacer con él, salvo adorarlo. Por el contrario el futuro nos aterra; genera un pánico que nos ciega. ¿Por qué? Porque hay que construirlo; nada de esa tontería que suelen repetir los cursis: el futuro que nos merecemos.



Si la conducta fuere válida para el mexicano de a pie, más lo sería para quienes integran eso que hemos dado en llamar Clase Política. Es muy difícil encontrar un político mexicano, que ande a la búsqueda del voto ciudadano, hablar responsable y correctamente del futuro, de ese tiempo político que les causa pavor.



Lo anterior no significa que los políticos, en su discurso, no mencionen El Futuro; lo hacen muy frecuentemente, más no de manera correcta. Hablan de ese tiempo en la forma más general e inocua posible, sin precisión alguna. No se atreven a decirle al ciudadano que los oye, porque muy pocos son los que los escuchan, que ese tiempo casi idílico que le dibujan, debe ser construido.



Menos les dicen que, para sentar las bases de ese proceso de construcción habría que tomar, de entrada, decisiones impopulares y dolorosas. El político ve con claridad meridiana y los menos perspicaces lo intuyen que al decirle eso a un elector promedio significa la pérdida de su voto, y una pésima imagen como político, vendría a quitarnos dirían no pocos.



En consecuencia, el tiempo en el que nuestros políticos suelen moverse, no es otro que el pasado o el antepasado y, como dije arriba, el futuro es mencionado sin precisión alguna, casi de pasadita.

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