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POR SI ACASO...
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
2017-03-05 / 17:30:28
*Criminalizar para evadir

*Ceapp-CEDH: insensibles
*Se incrementan secuestros


HAN TRANSCURRIDO más de 48 horas desde que un par de sicarios intentó segar la vida del periodista Alan García Zúñiga, en Poza Rica, y hasta el momento ni la inútil Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas (CEAPP) –que dirige Ana Laura Pérez Mendoza- ni la Comisión Estatal de Derechos Humanos –a cargo de Namiko Matzumoto Benítez- han emitido comunicado alguno condenando los hechos que pudieron enlutar, por enésima ocasión, al medio periodístico, en una Entidad donde en el pasado reciente fueron asesinados 19 comunicadores y otros seis se encuentran desaparecidos. Llama, sin embargo, la atención que los serviles integrantes de la CEAPP, concretamente la señora Pérez Mendoza haya exigido hace poco al dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional, Andrés Manuel López Obrador “una disculpa pública” para la prensa veracruzana por haber dicho que algunos de sus integrantes estaban “maiceados” por Yunes, algo que es completamente cierto, y que no dé la cara cuando los medios son agredidos como ha ocurrido ahora.



GARCÍA ZÚÑIGA, corresponsal de un diario porteño fue baleado el viernes pasado cuando un par de agresores que viajaban en una camioneta color negro arribaron hasta la unidad que conducía el comunicador, y acto seguido accionaron sus armas logrando herirlo en el pecho, pero ante la presencia de testigos huyeron sin poder lograr su cometido que, seguramente, era asesinarlo. Por fortuna la rápida intervención de socorristas lograron salvarle la vida tras llevarlo al Hospital de Pemex donde recibió atenciones que lo tienen fuera de peligro. Y uno esperaría que la Comisión Estatal de Atención y Protección a Periodistas y la Comisión Estatal de Derechos Humanos se hubieran pronunciado contra esa artero ataque que, seguramente, marcará otra etapa de agresiones contra el gremio en este Gobierno, algo que no ha sucedido y que demuestra que ambas organizaciones sirven para lo mismo.



ALLA, TAMBIEN, en el norte del Estado, Edgardo Hermida, yerno del periodista Abel Andrade Licona, exdirector del diario La Opinión de Poza Rica fue secuestrado el sábado, en uno más de los “levantones” que, aseguran autoridades, “han disminuido” en la Entidad y de los cuales nada se informa por parte de Seguridad Pública y la Fiscalía del Estado, porque en realidad, es mentira que hayan bajado esos hechos ya que, por ejemplo, el doctor Jorge Alberto Castro Solís, director de la clínica Alemn's, secuestrado el 28 de Febrero en Poza Rica habría aparecido muerto el pasado jueves entre los 11 ejecutados de Boca del Río (y uno se pregunta: ¿Cómo lo trasladaron sin que nadie se diera cuenta?). De igual manera trascendió el secuestro del tesorero de la caja de ahorros de los petroleros jubilados de la Sección 30 del STPRM, pero tampoco se ha dado ninguna información, y más al norte, en Pánuco, se sabe del presunto secuestro de Brenda Jiménez, hija de la tesorera del actual ayuntamiento, Elizabeth Valdés Guzmán entre jueves y viernes pasados pero, lo peor es que no existe comentario alguno de autoridades policiales y ministeriales.



Y AUNQUE la Gendarmería Nacional ya se encuentra en el Estado, concretamente, en la zona de Córdoba-Orizaba y en la capital Xalapa –donde, por cierto, se hospedan en un lujoso hotel de Lázaro Cárdenas ubicado junto a una Gasolinera de Animas-, la realidad es que su presencia si bien inhibirá las acciones delincuenciales un tiempo, cuando finalmente se vayan las cosas volverán a salirse de cause, porque es mentira que permanecerán eternamente aquí como lo confían comisarios de esa corporación, quienes reconocen que la rotación de personal y la debilidad que tienen las corporaciones Estatales y municipales frente a los grupos criminales, “son dos de los elementos por los que no ha sido posible disminuir la incidencia delictiva en el País. Aunado a ello, se tiene que estirar la capacidad de la Policía Federal, pues para cumplir con todas las encomiendas deben transferir a su personal de una Entidad a otra, cambiar acciones contra el narco por combatir secuestradores o realizar acciones disuasivas en otros casos, y en ese sentido reconocen que desde agosto de 2014, cuando iniciaron operaciones, han sido insuficientes para disminuir la incidencia delictiva en el País, pues cuando llegan a un lugar los índices de violencia disminuyen –nunca a tasas cero–, y es entonces que son enviados a otras comisiones, y ello significa que no siempre se termina con los problemas y por consiguiente los mandan de nueva cuenta cuando las bandas resurgen o se reorganizan, y es un cuento de nunca acabar.



EN BOCA del Río, por ejemplo, un día después de llegada la Gendarmería aparecieron 11 cadáveres ejecutados dentro y fuera de una camionera, de los cuales, según el Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, 5 tenían antecedentes penales, como si ello fuese un justificante para que los ejecutaran o para evadir su responsabilidad de dar seguridad a todos los veracruzanos, hayan o no tenido conflictos con la ley. Y es que eso de victimizarlas con el argumento de que tenían antecedentes penales, es como zafarse de la obligación constitucional de garantizar seguridad para todos los gobernados, y no solo de aquellos que no tienen antecedentes penales, ya que por la actitud del mandatario se podría suponer que si una persona cuenta con antecedentes delictivos, simple y llanamente no merece vivir ni que se le cuide y proteja.



ES COMO estar ante un régimen tipo Donald Trump y su persecución a ultranza contra migrantes que hayan cometido, incluso, delitos como pasarse un alto o violentar una ley de tránsito. Tal vez el Gobernador hubiese querido que los 11 ejecutados tuvieran antecedentes penales para frotarse las manos y decir: era delincuentes y no merecían vivir, pero esa actitud solo demuestra un alto grado de des humanismo que tarde o temprano se revierte. Ahora solo falta que diga el Gobernador que el periodista Alan García Zúñiga, en Poza Rica tenía antecedentes penales o estaba ligado a los malos, lo mismo que el doctor Jorge Castro Solís, director de la clínica Alemn's secuestrado en Poza Rica y asesinado en Boca del Río o Edgardo Hermida, yerno del periodista Abel Andrade Licona, exdirector del diario La Opinión de Poza Rica, y que por eso se los llevaron. Ni hablar, criminalizar fue el método de antemano de Javier Duarte y Reynaldo Escobar, y tal parece que en este sexenio continuará como una sutil salida ante la creciente inseguridad. Vaya caso...OPINA carjesus30@hotmail.com

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