He leído con atención el trabajo de investigación que expone INTERNATIONAL CRISIS GROUP titulado "Veracruz: reformar el estado de terror mexicano" y creo necesario hacer algunas anotaciones al respecto ya que al abordar el tema es necesario tener en cuenta las causas políticas y particulares que han afectado la vida y desarrollo de esta entidad considerada durante mucho tiempo como "granero y yunque de la nación", por la vocación de trabajo y servicio de su gente y la enorme la productividad agrícola que aportaba al país como ninguna otra, pero que poco a poco, no solo vio minada esa gran capacidad desarrolladora cuando quedo atrapa entre el odio y las ambiciones de poder, sino que la seguridad pública, política, jurídica y patrimonial quedaron comprometidas con el debilitamiento institucional que provoco esa disputa demencial.
Una de las premisas fundamentales que creo debe considerarse es la separación de actos y responsabilidades de cada administración y que los intereses políticos intentan por rentabilidad electoral mantener entrelazadas pero que son totalmente distintas, con sus efectos y responsabilidades correspondientes, no podemos ser tan simplistas y juzgar bajo el criterio de que PRI y PAN son lo mismo o que tal o cual gobernante es uno solo, porque estaríamos cayendo en el juego perverso en que nos mantienen los grupos de poder que luchan descarnadamente por administrar la abundancia para unos cuantos e imponer las desgracias a casi todos.
En efecto las desapariciones de personas y crímenes contra periodistas se agravaron de manera alarmante con la entrada en vigor de la administración 2010 – 2016, encabezada por Javier Duarte de Ochoa, actualmente prófugo de la justicia que vio inaugurada su gestión con un espectáculo escalofriante que significó el depósito de decenas de cadáveres en Boca del Río bajo el puente donde se ubica el monumento de los voladores de Papantla, a escasos metros de donde se llevaría a cabo una reunión de procuradores de todo el país, por lo que para poder esparcir los cuerpos sin vida en esa zona debieron, quienes llevaron a cabo semejante acto, burlar el cerco de seguridad de autoridades del orden local pertenecientes al PRI y del federal pertenecientes al PAN. Un evento similar ha ocurrido en estos días en el mismo municipio de Boca del Río, bastión electoral del nuevo gobierno. Esta situación de inseguridad no pudo ser controlada por la administración de Javier Duarte y desemboco en situaciones verdaderamente lamentables, actualmente Arturo Bermúdez, ex Secretario de Seguridad Pública está detenido por delitos que tienen que ver con el manejo de recursos públicos y de procedencia inexplicable, aunque son causas totalmente distintas a su principal encargo de seguridad pública aunque continúan las indagatorias.
A diferencia de la administración que le antecedió que propuso diversas adecuaciones a la legislación, constituyó fuerzas especiales para combatir delitos de alto impacto, creó mecanismos para ayudar a víctimas del delito y secuestro e inclusive, proceso y puso a disposición de las autoridades correspondientes a elementos de seguridad bajo sospecha de complicidad y probables delitos
Las evidencias por donde quiera que se vean, muestran con claridad que muchas de las declaraciones que se hacen buscan afectar la imagen de algún adversario, el fondo del asunto siempre es la lucha por el poder en donde nada tiene que ver la legalidad, la justicia y transparencia. Durante el proceso sucesorio de 2004, en plena lucha por la candidatura del PRI, el partido entonces en el poder, se dieron un sin número de señalamientos sin más fundamento que la palabra de los contendientes, Yunes Linares enojado por no verse favorecido acusó al entonces gobernador Miguel Alemán de vínculos con el narcotráfico, sin mostrar pruebas, el gobierno le contestó acusándole de lo mismo y Yunes reviró acusando al entonces candidato Fidel Herrera de vínculos delincuenciales sin prueba alguna, han pasado más de 12 años de estos intercambios declarativos sin mediar una sola acción legal relevante, salvo que Herrera Beltrán presentó una denuncia por difamación.
El mismo patrón de conducta de difamar sin comprobar siguió dándose en el escenario político, con el tiempo se filtró que durante el juicio a que fue sujeto el veracruzano, Francisco Colorado, por lavado de dinero en Estados Unidos, se había mencionado que había existido una aportación de dinero ilícito a las campañas del 2004 en Veracruz por su conducto, tratando, una vez más sin pruebas, de relacionar con ese hecho a Fidel Herrera, al revisarse la transcripción de ese juicio se tiene que nunca hubo una mención específica de alguien, que el nombre del ex gobernador había sido una filtración mal intencionada por testigos contratados exprofeso para mentir, razón por la cual las propias autoridades reconocieron que el ex gobernador nunca había sido parte de alguna investigación o requerimiento.
El autor de las filtraciones aparecía en la lista de probables testigos dentro del mencionado juicio, aunque finamente no fue llamado a comparecer quizás porque se iban descubriendo sus mentiras, era nada menos que el protegido estelar de la PGR de sobrenombre “pitufo” en el sexenio pasado, con su testimonio encarcelaron a por lo menos 43 inocentes entre los que se contaban integrantes de las fuerzas armadas, ediles de Michoacán, políticos, ex candidatos y funcionarios públicos con cargos importantes, que poco a poco iban saliendo de la cárcel al descubrirse la falsedad de las acusaciones en su contra. Este testigo tenía derecho a un salario de 50 mil pesos mensuales, automóvil y protección para él y su familia, entre los beneficios otorgados se incluyeron cirugías especiales, al descubrirse la farsa le cesaron sus privilegios y desapareció, iniciando su búsqueda de parte de las autoridades de la presente administración.
Sobre el tema de las aportaciones a las campañas de 2004 se contraponen los datos reales y los resultados, el juicio de Austin arroja la hipótesis de que se pagó un soborno a un gobierno y ayuda para su candidato, al no haber un señalamiento puntual se descartan los culpables, ante eso quedan las suposiciones, aunque siéndolo, estas deben ser basadas en algún indició y el único existente son los resultados de las elecciones, su revisión y veredicto de las autoridades correspondientes.
Nadie sabe con certeza de quien recibieron apoyo los contendientes, las suposiciones han servido para denostar y las contradicciones para replicar, lo único cierto y legal son los resultados que están en los archivos del Instituto Electoral Veracruzano y estos indican que contrario a las suposiciones filtradas, quienes se vieron favorecidos en las elecciones de 2004 en la zona de influencia de Francisco Colorado, propietario de ADT Petroservicios, empresa subsidiaria de PEMEX y beneficiada con miles de millones de pesos en contratos por la paraestatal y otras dependencias federales, habían sido los candidatos panistas, al ganar con amplia ventaja los distritos de POZA RICA, TUXPAN, PAPANTLA, ALAMO y MARTINEZ DE LA TORRE.
Otro dato no menos importante es que su hermano Miguel Ángel Colorado, fue candidato del PAN a diputado federal y que además este habría recibido del gobierno de Patricio Chirinos la patente de aspirante al ejercicio de notario. No se trata de inculpar a alguien sino de establecer las vinculaciones reales.
Las nuevas autoridades de Veracruz surgidas del PAN, otro de los partidos predilectos del régimen decadente que prevalece en nuestro país, para lograr su ascenso al poder, hicieron suya la bandera de la inseguridad y utilizaron tan grave situación como slogan de campaña, haciendo que el enojo popular les favoreciera en las urnas sin siquiera proponer una estrategia clara para combatir a los grupos delictivos, porque es evidente que no hicieron el diagnóstico correcto para solucionar un problema sino uno distinto, oportunista y vil para aprovechar una tragedia. Las propuestas del actual gobernador Miguel Ángel Yunes no tienen nada de reformista, por el contrario se agudiza el autoritarismo y las imposiciones se dan con veladas amenazas y amagues de venganza para poder tener bajo control entre otros al poder legislativo, en donde algunos de sus integrantes han sido sumamente cuestionados por su pasado reciente. Las dudas sobre la autonomía del nuevo Fiscal General del Estado, Jorge Winckler, van a disiparse en la medida de sus resultados y actuaciones, este joven abogado ganará respeto al rechazar categóricamente toda intromisión en sus labores, por el contrario deberá abrir espacios de comunicación y participación con organismos no gubernamentales y los ciudadanos que busquen coadyuvar en temas de seguridad y de desaparecidos, enfrenta un panorama complicado si tenemos que el actual gobernador Yunes pretende que sus recomendaciones no sean tal, sino ordenes tajantes. En esta naciente etapa de su gobierno, el mismo control, del que tanto se quejaba durante su campaña, sobre otros poderes por parte del ejecutivo, goza de cabal salud y busca perpetuarlo.
Es notorio y claro que el gobierno de Javier Duarte mal gobernó e incurrió en una serie de excesos que dejaron afectadas severamente las finanzas y muy comprometidos los recursos públicos y sus activos, para poder salir de esta grave crisis el actual gobierno debe pensar muy seriamente en transparentar sus acciones y consensar las medidas que pretende implementar, con claridad y sensatez exponer cuáles son sus pretensiones y cálculos en las que basa sus propuestas de solución, pero además procurar justicia con nitidez y sustento en las acusaciones, los antecedentes del actual titular del ejecutivo en sus actuaciones pasadas siembran dudas y una desconfianza permanente sobre pactos indebidos para agraviar a unos y proteger a otros.
Por supuesto que una de las prioridades debe ser la búsqueda de los desaparecidos en la entidad, para lo cual el primer paso esta dado al constituir la Comisión de la Verdad de Veracruz, ahora depende de la voluntad de las nuevas autoridades para que esta sea dotada de todos los elementos materiales y legales para que puedan cumplir su encomienda, por las muestras de inconformidad de los familiares de los desaparecidos no se ven avances en relación al pasado gobierno de Duarte, por el contrario todo sigue empantanado.
Ese necesario para poder tener un panorama más certero y objetivo sobre la problemática de Veracruz y México en general, considerar las actuaciones legales y revisar los documentos que soporten toda afirmación y observar que las acciones y señalamientos de unos y otros, están contaminadas por un interés político derivado de la confrontación por el poder, sin tener en consideración esos elementos todo esfuerzo por informar pudiera resultar tendencioso o en el mejor de los casos inexacto.
JORGE MARIN BARRAGAN
Orizaba Ver. A 2 de marzo de 2017. |
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