Enterrar la cabeza en el suelo cuando la realidad no nos gusta tiene, sin duda, ventajas. Te permite desentenderte de la realidad y seguir tu vida como si nada. Frente a una realidad como la corrupción en México, la “estrategia avestruz” del gobierno de México constituye, sin embargo, una irresponsabilidad mayúscula. Pero más que lamentarnos, conviene tomar nota y actuar en consecuencia.
México tiene tareas pendientes, muchas, pero especialmente este gobierno le debe a la ciudadanía un combate frontal, transparente, decidido y efectivo, no de discurso y retórica electorera en contra de la corrupción. Y de su mano en contra de la impunidad. Si no se castiga y se sanciona de acuerdo al marco jurídico existente, estamos condenados a seguir con la larga y vergonzosa colección de gobernadores ladrones, amparados por un poder federal omiso, inactivo, pasivo y presumiblemente cómplice a los ojos de la ciudadanía.
El reiterado problema de la corrupción en el país está llegando a límites difíciles de aceptar, incluso para la propia clase política mexicana en su conjunto, la cual ha identificado desde hace años este fenómeno como parte integral del ejercicio del poder en el país.
La democratización sólo trasladó y potencializó la corrupción desde la Presidencia de la República hacia los estados y sus gobernadores. Es cierto, la posibilidad de enriquecimiento ilícito de los mandatarios estatales pasa por la complacencia, e incluso con la complicidad de las autoridades federales las cuales les dan recursos y la autorización para disponer de ellos de forma discrecional.
Es una realidad que durante los últimos 20 años no han existido mecanismos legales de control sobre los gobernadores y que en algunos casos como los de Moreira en Coahuila y Duarte en Veracruz, sobrepasaron los límites de endeudamiento y el robo. ¿Hasta dónde existe el temor porque una figura como Duarte descubra los secretos que involucren a las más altas esferas del poder? En todo caso, los excesos de Duarte en Veracruz, ya no permiten esconder bajo el tapete el saqueo del erario como sucedió con otros gobernadores.
Además el hecho de que el exgobernador panista de Sonora Guillermo Padrés se haya entregado a la justicia y se encuentre tras las rejas, representa una presión adicional para el PRI y el gobierno federal en lo relacionado a Javier Duarte y al resto de sus gobernadores acusados de abusos.
Los miles de millones de pesos desaparecidos de las arcas del estado veracruzano se traducen de manera automática en un deterioro brutal de la calidad de vida de los habitantes de esta entidad, quiénes hoy sufrimos carencias significativas en todos los servicios básicos y principalmente en la seguridad. Son estos ejemplos de despilfarro, endeudamiento, y por lo tanto corrupción extrema, los que han derivado en la necesidad de ponerle alto a este fenómeno porque el daño social ocasionado rebasa ya la capacidad de contención por parte de las autoridades federales.
Seguir intentando tapar los cráteres presupuestales de gobernadores rapaces es hoy imposible tanto por la magnitud del desfalco, como por la exposición pública de estos delitos que aumenta la presión mediática sobre el gobierno federal. Ya no hay dinero en la administración de Enrique Peña Nieto que pueda calmar las aguas del asalto de Javier Duarte, ni tampoco justificación alguna para impedir el encarcelamiento del mandatario estatal prófugo y protegido por grandes intereses políticos y económicos.
Varios exgobernadores, han sido acusados públicamente de actos de corrupción, notoriamente desvíos de recursos, delincuencia organizada, lavado de dinero, defraudación fiscal, enriquecimiento ilícito, venta irregular de predios, uso indebido de funciones al menos seis de ellos enfrentan procesos de investigación: Tomás Yarrington (Tamaulipas) demasiado tarde y demasiado extraño. Seis años después de iniciarse una investigación en su contra, político que aspiró a la candidatura presidencial hace más de una década, ¿Por qué razón procedió ahora? Javier Duarte de Ochoa (Veracruz), Guillermo Padrés Elías (Sonora), César Duarte Jáquez (Chihuahua), Roberto Borge Angulo (Quintana Roo) y Rodrigo Medina (Nuevo León). Durante sus gestiones, las deudas de estas entidades aumentaron, en promedio 96%.
Las gestiones de estos gobernadores también tuvieron efectos electorales. Durante 2015 y 2016, la lucha contra la corrupción fue una bandera exitosa de campaña en varias entidades que estimuló la alternancia. La bandera anticorrupción resultó redituable en todos estos estados a la hora de votar. Sin embargo, aún quedan muchos casos impunes. Una revisión de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revela que, del 1 de enero del 2012 al 20 de septiembre del 2016, la ASF ha presentado 259 denuncias penales en contra de los gobiernos de 25 entidades. Entre los estados con más denuncias destacan Veracruz (54), Jalisco (23), Michoacán (21) y Morelos (17).
El no haber actuado a tiempo por parte del Presidente de la República en relación a los gobernadores de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua, tuvo consecuencias electorales adversas para el PRI, pero también un erario público devastado por los excesos insaciables de funcionarios corruptos.
El tema del funcionamiento inmediato del Sistema Nacional Anticorrupción es una prioridad nacional para intentar contener los efectos adversos de una corrupción incontenible que dejó de ser funcional al sistema, y se convirtió en un cáncer capaz de desatar eventos de violencia difícilmente incontenibles, pero también problemáticos de orden económico en donde no existan recursos suficientes para satisfacer necesidades básicas de segmentos sociales desatendidos ante la falta de dinero robado y sin posibilidad de ser repuesto.
El régimen de gobernadores saqueadores está a punto de poner en riesgo el propio equilibrio financiero logrado después de muchos años de disciplina, esfuerzo y sacrificio.
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