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POR SI ACASO...
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
2016-11-07 / 19:24:18
¿Seguiría plantón Vs Yunes?

*Alcaldes serían denunciados
*El tormentoso “Chiquiyunes”

MINUTOS DESPUÉS de que alcaldes del PRD y del PAN tomaron el inmueble de la llamada “Casa Veracruz” –el domingo por la noche-, el gobernador Flavino Ríos Alvarado dio un mensaje que acaso los munícipes rebeldes no atendieron, embriagados por el arrebato “porril” que les embargaba. Ríos dejó en claro que “no va a haber ninguna impunidad para nadie, porque todo servidor público debe conducirse no sólo con legalidad, sino con honradez, transparencia y eficiencia, y en el caso de los funcionarios que cometan un acto ilícito serán severamente castigados”. Asumió que “ya hay denuncias y carpetas de investigación contra ex servidores públicos; contra ex secretarios de finanzas, contra ex tesoreros, y seguramente seguiremos trabajando porque Veracruz exige, reclama y demanda que no haya impunidad para nadie, incluidos, los presidentes municipales”.

Y POR supuesto que no debe haberla. La toma del Palacio de Gobierno configura el delito de despojo que en la legislación veracruzana, artículo 298, fracción I, del Código Penal del Estado, lo comete: “el que haciendo violencia a las personas, o furtivamente, o empleando engaño, o sin derecho, ocupe un inmueble o haga uso de él, o de un derecho real que no le pertenezca”. Para que el ilícito se configure, no siempre es necesario que la posesión la obtenga el infractor haciendo violencia contra las personas, furtivamente o empleando engaño, toda vez que el propio precepto establece como medio de comisión, el hecho de que el agente infractor ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él “sin derecho”, como ocurrió recientemente con la llamada “Casa de Gobierno” (en la que, por cierto, no reside Flavino Ríos ni nadie de su familia, sino que la utiliza para atender audiencias debido a la ocupación de Palacio).

PERO, ¿QUIÉNES son las personas responsables de los delitos que ahí se configuran, entre otros, el de despojo? De acuerdo con el capítulo 111, Artículo 13 del Código Penal Federal.- Son autores o partícipes del delito: I.-Los que acuerden o preparen su realización. II.-Los que los realicen por sí; III.-Los que lo realicen conjuntamente; IV.-Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V.-Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI.-Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; VII.- Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito, y VIII.- Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad pero para los sujetos a que se refieren las fracciones VI, VII y VIII, se aplicará la punibilidad dispuesta por el artículo 64 bis de este Código que determina que se impondrá como pena hasta las tres cuartas partes de la correspondiente al delito de que se trate y, en su caso, de acuerdo con la modalidad respectiva.

Y AUNQUE los alcaldes podrían estar a las carcajadas ya que, en todo caso, el ilícito de despojo podría no ser grave en caso de ser denunciados, como, al parecer, ya lo hizo el jurídico del Gobierno del Estado, hay versiones de que en la denuncia se agregan delitos como daños, rebelión, e incumplimiento de un deber legal, además de “coalición de funcionarios”.

DICE EL Código Penal Federal en su capítulo IV, Artículo 216 que: “Cometen el delito de coalición de servidores públicos, los que teniendo tal carácter se coaliguen para tomar medidas contrarias a una ley o reglamento, impedir su ejecución o para hacer dimisión de sus puestos con el fin de impedir o suspender la administración pública en cualquiera de sus ramas (como está ocurriendo, actualmente, con la toma de Palacio de Gobierno y Casa Veracruz). No cometen este delito los trabajadores que se coaliguen en ejercicio de sus derechos constitucionales o que hagan uso del derecho de huelga”. El ordenamiento advierte que “al que cometa el delito de coalición de servidores públicos se le impondrán de dos años a siete años de prisión y multa de treinta a trescientas veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal, en el momento de la comisión del delito, y destitución e inhabilitación de dos años a siete años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.

LOS PRESIDENTES municipales son servidores públicos, y al tomar el Palacio de Gobierno y la Casa Veracruz –que, también, son oficinas públicas y no sólo residencia oficial del Gobernador-, están suspendiendo la administración pública Estatal en todas sus ramas, ya que documentación necesaria para realizar diversas acciones y gestiones está, tácitamente, secuestrada en ambas instancias.

POR ELLO la pregunta: ¿En verdad creerá el alcalde de Boca del Río, Miguel Ángel Yunes Márquez, que con “amenazas, insultos y sombrerazos” va a solucionar el grave conflicto que enfrentan los Presidentes Municipales ante la retención de recursos que, en todo caso, no la hizo Flavino Ríos sino Javier Duarte de Ochoa y, en el peor de los casos, la consintió la Federación? ¿En verdad creerá que con ese discurso arrebatado, intolerante, irrespetuoso e intransigente podrá contender por la Gubernatura en el 2018, cuando lo que demanda la sociedad es, precisamente, acabar con la postulación de aspirantes arrogantes y vanidosos que mucho daño causan a las instituciones al creer que son propietarios de las mismas o erigirse en falsos semidioses que pueden hacer o deshacer a su antojo?

UNO SE pregunta: ¿Qué pasará si, finalmente, Flavino Ríos Alvarado no es apoyado por la Federación, y el dinero de las participaciones no fluye a los alcaldes? ¿Mantendrá Miguel Ángel Yunes Márquez la protesta contra su propio padre, impidiéndole tomar posesión de la Casa Veracruz y del Palacio de Gobierno, y le gritará “ladrón, cobarde y mentiroso” cuando tampoco el oriundo de Soledad de Doblado pueda resolverles al no ser respaldado por Presidencia de la República? Porque todo se encamina a ello, y habría que ver si, incluso, los perredistas mantienen vigente esa lucha, pues las deudas de Estado, no hay que olvidarlo, son débitos institucionales que los deben pagar quien ejerza el poder al momento. Yunes Márquez, por lo tanto, debería bajarle dos rayitas a su licuado y dejar a un lado ese protagonismo insolente que a todos harta, y que podría convertirle, como a Javier Duarte, en un político detestable. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com

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