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POR SI ACASO...
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
2016-07-25 / 21:01:00
*Veracruz: infierno en llamas

*Homicidios y desapariciones
*Herencia para Miguel Ángel

LAS CIFRAS de personas ejecutadas o desaparecidas en Veracruz durante el Gobierno de Javier Duarte –la mayoría desapariciones forzadas-, sólo son comparables a los acontecimientos suscitados en algunas naciones militarizadas de Centro y Sudamérica en el siglo pasado, pues según estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, sólo entre 2006 y 2016 “desaparecieron” 681 personas a lo largo y ancho de la entidad, y de esos casos, 627 ocurrieron entre 2011 y 2016, periodo correspondiente a la administración que concluye, por fortuna el 30 de noviembre próximo.



Y AUNQUE 681 desaparecidos en este Gobierno son muchos, Lucía Díaz, del Colectivo Solecito asegura que, en realidad, existe una lista de más de 1 mil 500 personas que no aparecen por ninguna parte, de las cuales en el 80 por ciento de los casos hay policías implicados. La cifra negra podría elevar ese número al doble, pues hay muchas personas que por miedo, amenazas o, incluso, asesinatos de otros familiares prefieren no denunciar. La experiencia, dice la activista, ha sido amarga para muchas madres, padres y familiares que enfrentan ese calvario.

LAS EJECUCIONES no se quedan atrás, y tomando como referencia el 2014, los registros documentados por instancias Federales revelan –tan solo ese año- más de 2 mil 122 asesinatos, lo que encendió desde ese tiempo “focos rojos” en torno a la inseguridad que, al paso de los días, se ha acentuado en territorio Estatal.



TAL VEZ por ello, Santiago Roel, fundador de “Semáforo Delictivo”, asegura que Veracruz es la Entidad donde más se elevó el número de ejecuciones durante 2015, seguido por Michoacán, Aguascalientes y Sinaloa que antaño encabezaba la lista. En el Estado, dice el investigador, más del 90 por ciento de los homicidios son ejecuciones, de tal suerte que la Entidad está clasificado hoy día como un foco “doble rojo”.



EN 2015, la tasa nacional de homicidios fue de 14 por cada 100 mil habitantes, y Veracruz aparece con 7.4, esto es, más de la mitad de lo que sucede en el País completo, siendo los municipios como Pánuco los más peligrosos con 27.8, esto es, casi 28 homicidios por cada 100 mil habitantes, y Cosamaloapan con una tasa de 26 homicidios por cada 100 mil habitantes, mientras que Tierra Blanca aparece con 20.



Y SI bien el conflicto de las desapariciones inició en el Gobierno de Fidel Herrera con 54 casos no esclarecidos aún, en lo que va del sexenio de Javier Duarte se contabilizan –aunque, insistimos, el número real podría ser tres veces superior- un total de 637–noventa y dos por ciento del total -de 2006 al 2016-, algo que no tiene parangón en la historia contemporánea del Estado, y sólo equiparable a los crímenes y desapariciones ocurridas en regímenes dictatoriales o militares de Centro y Sudamérica o, incluso, al de Uganda con el dictadorzuelo IdiAmin Dada, entre 1971 y 1979, cuando el número de muertos y desaparecidos se elevó a más de 100 mil.



Y ES que las estadísticas recopiladas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad -entre 2006 y 2016-, son casos contabilizados con base en denuncias recibidas por autoridades federales como la PGR o Policía Federal, así como por la Fiscalía General de Veracruz, aunque el organismo aclara que éstas no incluyen datos completos de 2015 y 2016, razón por la cual, el número de muertos y desaparecidos en el Estado podría ser mucho mayor.



PERO NO sólo homicidios y desapariciones empañan la seguridad del Estado. Delitos como secuestro registran un alza de 29.1 por ciento en relación con 2015, al pasar de 48 casos a 62, y eso que el año aún no ha terminado, mientras que el robo de vehículos –con violencia– tuvo un incremento de 19.3 por ciento en relación con el año anterior, al pasar de 646 a 771 casos en sólo 7 meses.



LO PEOR es que para autoridades Estatales no pasa nada, aunque no falta los que afirman que el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Seguridad, Arturo Bermúdez Zurita, y el fiscal, Luis Ángel Bravo Contreras, han decidido cruzarse de brazos en aras de heredarle al sucesor, Miguel Ángel Yunes Linares, un Estado gangrenado, descompuesto y difícil de controlar, de tal suerte que el mayor tiempo del futuro mandatario sea ocupado en apaciguar los ánimos políticos, económicos y delincuenciales, olvidando –o retrasando- la tarea primordial que fue slogan en su campaña: llevar a juicio a las actuales autoridades Estatales, incluida la prisión y devolución de todo cuanto se robaron.



Y ES que ¿cómo podría ocuparse de asuntos tan necesarios como “meter a la cárcel a Duarte y su pandilla”, tal como lo pregona, cuando el Estado tiene, actualmente, una de las incidencias de homicidios dolosos más altas en su historia, a tal grado que apenas en el primer semestre de este año ese ilícito registró un alza de 83.2 por ciento en relación con el mismo periodo de 2015?



ES INDISCUTIBLE que la sociedad demanda, en estos momentos aciagos, seguridad, garantía a sus derechos humanos e individuales, y empleos que no podrá ofrecer puesto que Duarte y su congreso autorizaron 7 mil 800 nuevas plazas que podrían incrementarse a 15 mil, independientemente de obra pública que en esta administración no se vio por ninguna parte.



A MIGUEL Ángel, es indiscutible, le están incendiando el Estado, y el asunto no es que se abran las puertas a nuevos grupos delictivos, sino, como sacarlos una vez instalados, y si Yunes Linares no cuenta con el respaldo de la Federación, tal vez desde alguna isla del Caribe o costa española, Duarte de Ochoa estará, al terminar su desgobierno, asoleándose y retorciéndose a carcajadas de la herencia dejada al sucesor. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com

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