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POR SI ACASO...
Carlos Jesús Rodríguez Rodríguez
2016-03-30 / 21:01:13
*Arraigo para los “Porkys”

*¿A quién protege Duarte?
*Videos: prueba acusatoria


NO ES secreto que en derecho procesal penal, el arraigo es una medida cautelar solicitada por un Ministerio Público al juez competente -ya sea del fuero común o federal-, que le permite tener a su disposición a un presunto delincuente en tanto se integran, localizan y perfeccionan medios de prueba que sean bastantes para, dentro de la averiguación previa, acreditar la probable responsabilidad del arraigado en la comisión del delito que se le imputa, de tal manera que pueda ser consignado ante un juez que decidirá sobre la procedencia o no de un proceso penal y la privación de la libertad del indiciado mientras éste dure.



Y ESA medida se solicita, según el Código Federal de Procedimientos Penales –artículo 133 bis-, cuando a juicio del Ministerio Público exista el riesgo de que el probable responsable de la comisión de un delito grave se extraiga a la acción de la justicia.



EN EL caso de la joven Dafne Fernández, secuestrada –se configura el delito si fue llevada contra su voluntad- y abusada sexualmente por una banda de cuatro mozalbetes a quienes la sociedad veracruzana ha bautizado como “Los Porkys de Costa de Oro”, el fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras ha pedido tiempo para resolver el caso de violación, ya que, según dice –pese a que ha pasado casi un año desde la denuncia-, no ha terminado de integrar el asunto y determinar conforme a derecho.



BRAVO CONTRERAS jura y perjura que no hay dilación en el proceso de investigación, pero que tiene la obligación constitucional de velar que se cumpla con el caudal de garantías que tiene tanto quien acusa como quien es acusado, y que la Fiscalía a su cargo no se rehúsa a hacer justicia ni ha asumido una postura cobarde y mandar el asunto al Poder Judicial donde un juez, sin bases sólidas, dejaría sin efecto el caso. Y eso ha repetido al padre de la menor mancillada, a los medios de comunicación, y a todo el que le escucha.



Y UNO se pregunta: -Si en realidad se busca aplicar la ley, ¿Por qué no se ha solicitado a un juez el arraigo de los cuatro jóvenes acusados, quienes han acreditado, en un video, haber cometido el delito que les imputa la joven agredida, esto para evitar que sus padres o familiares les faciliten escapar y sustraerse de la acción de la justicia?-.



EL ARRAIGO se otorga por un tiempo determinado que no puede exceder de 40 días tratándose de delitos considerados como graves. Una vez concedido, el Ministerio Público que integra la averiguación previa o carpeta de investigación deberá acreditar dentro de ésta la existencia del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, para posteriormente hacer la consignación al juez competente, quien deberá de resolver si otorga la orden de aprehensión para que el arraigado sea puesto a su disposición dentro de un reclusorio o si se levanta la medida cautelar de arraigo por falta de elementos.



PARA LA solicitud de la medida cautelar se deben hacer valer los siguientes elementos: a) Circunstancias personales (los jóvenes inculpados son acusados de otros delitos similares, incluso uno de ellos de un crimen por atropellamiento); b) Gravedad del ilícito que se imputa (el delito de violación es grave, y si la dama fue llevada contra su voluntad se configura la privación ilegal de la libertad); c) El no tener acreditado de manera fehaciente los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado (dice el fiscal del Estado, Luis Ángel Bravo que aún no termina de integrar la carpeta de investigación); d) Su posible evasión a la acción de la justicia (son jóvenes adinerados que pudieran viajar a cualquier parte del mundo, cambiarse, incluso, la personalidad jurídica y facial) y, e) La impunidad que provocaría la libertad del indiciado (como ya se observa en los actos de reproche al Gobierno por, presuntamente, proteger a los inculpados).



UN ARRAIGO no es una cárcel –aunque se parecen en mucho-, pues a diferencia de la segunda, el arraigado tiene ciertos derechos, como recibir visitas en general, de sus familiares y abogados. A no ser objeto de maltratos físicos o verbales. A que se le informe del delito que se le imputa. A que la autoridad le provea de alimentos, y recibir atención médica si lo requiere, razón por la cual, no se explica por qué el Fiscal del Estado no solicita el arraigo para el cuarteto de agresores, hijos de pudientes familias veracruzanas ante las que Javier Duarte se inclina.



Y ES que el Fiscal argumenta tantas cosas, que a veces invita a la sospecha, como el hecho de que un video –donde los jóvenes imputados piden disculpa a la víctima (¿Por qué habrían de hacerlo sino cometieron el delito?)- no es prueba contundente, olvidando que hay 4 principios que rigen a los medios de prueba: de averiguación, de inmediación, de apreciación e in dubio pro reo.



EL PRINCIPIO de averiguación es el que se encuentra íntimamente ligado con la actividad del juzgador, y se refiere a que éste, en su búsqueda de la verdad a través de las pruebas, no queda ligado a las declaraciones de los participantes en el proceso (por ejemplo, la confesión del acusado); a determinadas actitudes del imputado (por ejemplo su incomparecencia es irrelevante respecto a la cuestión central de si es culpable o inocente) y, a las solicitudes interpuestas, siendo factible que introduzca de oficio las pruebas que considere pertinentes.



BASTA UNA lectura del artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales que determina: “Para la comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público, sus auxiliares, la policía judicial y los tribunales gozarán de la acción más amplia para emplear los medios de investigación que estimen conducentes según su criterio, aun cuando no sean de los que menciona la ley (videos y fotografías), siempre que estos medios no sean contrarios a derecho. En fin, algo debe el Gobierno a los padres de los inculpados, y en ese tenor, evita aplicar la ley pese a los hechos comprobables. OPINA carjesus30@hotmail.com

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