De Veracruz al mundo
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POR SI ACASO...
Carlos JesúsRodríguez Rodríguez
2016-02-28 / 21:10:43
*Funcionarios solapados

*Desapariciones Forzadas
*Más fosas clandestinas


HAN PASADO 49 días desde que elementos de la Policía Estatal -“certificados”- levantaron a cinco jóvenes de Playa Vicente cuando transitaban por el municipio de Tierra Blanca, y a la fecha no hay datos que conduzcan a su paradero, salvo una pieza ósea de tres centímetros y una mancha de sangre que, de acuerdo a la Fiscalía Estatal, corresponden a dos de los muchachos “desaparecidos”, quienes habrían sido entregados a integrantes de la delincuencia organizada ya detenidos, pero que, sospechosamente, no aportan datos.



FUE a partir de esos hechos que las evidencias acreditaron lo que por años había denunciado el sacerdote Alejandro Solalinde: que Veracruz es un cementerio clandestino peor que Guerrero y Tamaulipas, y que bastaría rascarle un poco a la tierra para encontrar infinidad de migrantes y veracruzanos desaparecidos. Al clérigo lo tacharon de “loco”, “ignorante” y “fantasioso”, sobre todo, cuando involucró a autoridades de alto nivel del Gobierno del Estado, incluido al ex Gobernador Fidel Herrera.



PERO LOS datos de la Procuraduría General de la República demuestran que Solalinde tenía razón, pues de acuerdo al comisionado de la Policía Federal, Enrique Galindo Cevallos, hay nuevas evidencias de fosas clandestinas en la zona de Tlalixcoyan y Tierra Blanca, donde analizan restos óseos para determinar si alguno pertenece a los jóvenes desaparecidos el 11 de enero pasado.



CIFRAS DE la Procuraduría General de la República revelan que entre enero de 2014 y noviembre de 2015 tenían un reporte de 155 personas desaparecidas en Veracruz relacionadas con averiguaciones previas federales. Aunado a ello, la Fiscalía para Desaparecidos de la misma dependencia presenta registro de 41 casos de jóvenes menores de edad desaparecidos, de los cuales 9 corresponden al Estado, es decir, la cuarta parte del total.



QUEDÓ demostrado, a partir del “levantamiento” de los cinco de Playa Vicente, que algunos elementos de la policía Estatal sirven a grupos delincuenciales, lo que ha motivado que activistas que buscan a sus familiares “extraviados” sospechen de ciertos mandos solapados desde la cúpula del poder.



EN NOVIEMBRE pasado, la organización Causa en Común, que encabeza la activista María Elena Morera, reveló que de los 9 mil 588 policías de la Secretaría de Seguridad Pública que operan en el Estado, 3 mil 819 estaban en activo pese a que no superaron las pruebas de control de confianza, lo que significa que 1 de cada 3 policías estatales no era confiable y, sin embargo, seguían en activo. En respuesta, el gobernador Javier Duarte de Ochoa, en franca protección al titular de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y otros mandos de esa dependencia, salió al quite y “aclaró” que el 60 por ciento de esos policías reprobados ya habían sido dados de baja.



PERO LOS hechos demuestran lo contrario: Marcos Conde Hernández, ahora, ex delegado de la Secretaría de Seguridad Pública en Tierra Blanca, y Otoniel Cruz Linares, policía de esa corporación, consignados por el delito de desaparición forzada, seguían en activo a pesar de no haber pasado los exámenes de control de confianza, y no obstante que el primero enfrentaba denuncias por la desaparición de otros jóvenes cuando se desempeñó como comandante en Cardel.



A LA fecha, ningún mando medio o superior ha sido procesado por la desaparición de los jóvenes de Tierra Blanca, y mucho menos por la de los muchachos de Cardel, aun cuando debiera resultarles responsabilidad por mantener al frente de la corporación a elementos no aptos para ejercer funciones policiacas, y porque ya existían antecedentes de que podrían estar inmiscuidos en otras desapariciones.



COMO FUERA, Veracruz se ubica sólo detrás de Guerrero que tiene poco más de 250 casos de desapariciones, y ambos Estados acumulan tácitamente el 40 por ciento de los desaparecidos a nivel nacional. En suma, Veracruz constituye un foco rojo en materia de personas desaparecidas, ya que acumula la cuarta parte de averiguaciones previas federales abiertas por desapariciones entre 2014 y 2015.



POR ELLO, no es fortuito que la semana pasada, simultáneamente en Orizaba, Xalapa y Coatzacoalcos, cientos de familiares de personas sustraídas ilegalmente o víctimas de desaparición forzada se unieran a las protestas contra el Gobernador Javier Duarte de Ochoa, colocando mantas con fotografías y nombres de sus familiares, y paralelamente exigir la renuncia del Mandatario; del fiscal General, Luis Ángel Bravo y del secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, a quienes acusan de negligencia y complicidad.



LOS FAMILIARES afectados denunciaron amenazas contra quienes han emprendido acciones de búsqueda de sus parientes. En Orizaba, la protesta la encabezó Araceli Salcedo, madre de la joven Fernanda Rubí que desaparecida hace tres años en Orizaba, la misma que en octubre pasado enfrentó al Gobernador y sólo obtuvo en respuesta la risa burlona del mandatario y su cónyuge.



EN XALAPA, la protesta fue frente al Palacio de Justicia Estatal, donde el magistrado Presidente Alberto Sosa ordenó cerrar las puertas del inmueble despreciando así a las atribuladas madres, y en Coatzacoalcos fue sobre el bulevar del Mar, siendo Raquel Hernández, esposa de José Manuel Cruz Pérez, sustraído el 11 de mayo de 2015 por elementos de la Fuerza Civil, quien denunció que las autoridades no hacen nada. En fin, ese es el escenario en Veracruz de las desapariciones forzadas, y de la protección que Javier Duarte sigue dando a funcionarios pese a las evidencias. OPINA carjesus30@hotmail.com

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