De Veracruz al mundo
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SAPERE AUDE
Julián Loyo Helo
2016-02-21 / 23:29:42
La rendición de cuentas como problema
Lo tradicional en el ejercicio del poder político ha sido el ocultamiento y el secretismo celoso respecto de la información.
Jesús Rodríguez Zepeda
La corrupción es tan antigua como la humanidad misma. Sin embargo, en tiempos actuales la corrupción política es tan despreciable como nociva para todos los pueblos. La maldad y síndrome corruptor que sale del gobernante regresa a su pueblo con pobreza, miseria y desesperanza. Cuando un gobernante lástima a su pueblo con abusos de poder y corrupción en la misma proporción genera efectos nocivos y desgracia para los gobernados, provocando incapacidad para cumplir con las tareas más esenciales que un gobierno debe garantizar como la seguridad.

El hombre de bien, sentenció Montesquieu es el hombre que ama las leyes de su país y que obra por amor a esas leyes, siempre y cuando las leyes sean elaboradas con virtud política; es decir, con amor a la patria, a la igualdad y justicia, y no sean utilizadas como un instrumento al servicio de la impunidad y criminalidad.

El acceso a la información, transparencia y rendición de cuentas se ve amenazadas por una lucha de poder político. Cada uno de sus componentes como la fiscalización es utilizado con fines eminentemente electorales para acusar o defender. Actualmente cualquiera enarbola un discurso frontal contra la corrupción e impunidad, pidiendo y exigiendo castigo a los responsables. Sin embargo, funciona como recurso seductor y adormecedor para congraciarse con los electorados.

Recordemos: el voto es “emocional” antes que “racional”

Es evidente y se confirma que existe una resistencia de los “sujetos obligados” (gobierno) a informar sobre asuntos de finanzas públicas, vulnerando el acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas. Se recurre a cualquier método para nublar la información, se agotan, se utilizan todos los recursos legales y políticos, plazos y procedimientos para evitar la acción fiscalizadora y sancionatoria de la autoridad competente.

El Gobierno de Veracruz ha sido señalado por irregularidades en la cuenta pública 2014 por parte de la Auditoria Superior de la Federación (ASF), encargada de la fiscalización superior, entendida como la facultad que tiene la Cámara de Diputados y que delega a la ASF de revisar que los recursos públicos federales recaudados, administrados, manejados, ejercidos se ajusten a las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas aplicables.

Cuando la corrupción brutal de un gobierno es inegable y evidente los intereses de grupos o personas (para el caso de Veracruz exfuncionarios, actualmente diputados federales) la fuerza de “lo político” inicia su cometido OBSTACULIZAR cualquier acción para transparentar o castigar el uso discrecional y arbitrario de los recursos públicos. Es inadmisible que la fiscalización superior como una de la formas de rendición de cuentas se convierta en una lucha de intereses políticos con la intención de oscurecer y obstaculizar la transparencia en los procesos de revisión de la cuenta pública.

La intervención de los legisladores federales veracruzanos del PRI a través de una misiva encabezada por su coordinador de bancada Veracruz significa un “atropello” que vulnera la actuación de la Auditoria Superior de la Federación. Es una violación sistemática a la autonomía constitucional el hecho de pretender “modificar” “desviar” “incidir”, una violación al derecho de libertad como servidor público del Auditor Superior de la Federación por evidenciar irregularidades. No han entendido que el secreto político, y el secreto del poder actualmente es combatido.

La doble moral de los legisladores se impone, presumen que “En México vivimos un estado de derecho” pero no lo respetan, basta ver de lo que han sido parte y de los escándalos en los que han sido involucrados como pieza central.

Señalan al auditor con un “extrañamiento” que se deriva según ellos de “sus irresponsables declaraciones ante un medio de comunicación en el sentido de que sería deseable que funcionarios del gobierno de Veracruz vayan a la cárcel como resultado del informe de la cuenta pública 2014”. No es más irresponsable, el pésimo manejo de los recursos públicos de carácter federal que hicieron; no es más irresponsable ser parte de un red de saqueadores que pretende ser juez y parte; no es más irresponsable andar defendiéndose al tener también responsabilidad por sus “encargos” anteriores y al mismo tiempo encubridores de la corrupción y no es más irresponsable abandonar los temas que México exige para enfrentar la complejidad de la crisis financiera y la ley de ejecución penal que sigue pendiente.

En qué paradoja se han encerrado, contradicen lo que el grupo parlamentario del PRI y PVEM en voz de sus líderes César Camacho y Jesús Sesma respectivamente señalaron la: “transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, para la confianza” como uno de los cinco temas sustantivos de la agenda legislativa.

Con repudio vemos legisladores federales improvisados, incongruentes que buscan obtener dividendos a costa de la superficialidad y su cuestionado actuar, teniendo como constantes la impunidad, corrupción y reprobada capacidad para atender los temas del Estado mexicano.

Vemos legisladores que defienden los intereses del gobierno (convertido en una auténtica mafia) por su destacada capacidad de realizar ingenierías financieras que han colocado a Veracruz al borde del precipicio, en el colapso y crisis recurrente. Es decir, se ha privilegiado la rapiña por encima de las necesidades y obligaciones que el gobierno debe cumplir.

El RETO, es la construcción de un ciudadano que en su escala de valores y cosmovisión, en su estructura mental asimile la “explicación” “justificación” “exigencia” a los entes públicos como una cultura, como hábito. La participación de la sociedad es fundamental. Empero, es muy difícil lograrlo –no es pesimismo- en nuestro contexto actual, es muy difícil lograr una sociedad con ciudadanía de calidad –solo una pequeña proporción lo hace- porque antes de exigir cuentas, antes de reclamar derechos post-materiales, primero busca satisfacer sus carencias más apremiantes que SEDESOL ha señalado: ingreso corriente per cápita, rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación, lo anterior como resultado de la brecha de desigualdad social, aunado las crecientes olas de inseguridad que sin ninguna duda inhiben la participación.

Seguimos alimentando una democracia de fachada, cubrimos nominalmente los requisitos de una “democracia consolidada” que tiene el marco jurídico, el diseño institucional pero tiene un gran defecto, no hay “práctica cotidiana”

Lo que se requiere son instituciones sólidas, inmunes a la presión política, a la no intervención de “lo político” en los asuntos de su competencia. Más que lamentable que los legisladores veracruzanos no contribuyan a eso y antepongan intereses grupales por encima de los intereses de una sociedad lastimada por la corrupción, la impunidad, la improvisación, basta revisar antecedentes y perfiles y se comprobaran las premisas. Los legisladores veracruzanos del PRI y del PVEM Se han manifestado como la negación de un mejor país.

Si no hay dimisión a los cargos públicos por dignidad propia o juicio político, entonces la cárcel es lo menos que los corruptos merecen, máxime si tiene una responsabilidad pública y en sus manos millones de mexicanos. El reto más grande de las instituciones responsables de revisar, exhibir, exigir y castigar es la incautación de bienes y resarcir el daño patrimonial al Estado, es decir, regresar lo que robaron. El gran dilema será cuando los bienes no están a nombre del servidor público.

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