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EL PERIODISMO EN RIESGO
Carlos Ángel Arrieta Llanas
2016-02-17 / 08:39:42
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Es verdaderamente preocupante el panorama que pintó la Comisión Nacional de Derechos Humanos en su Recomendación General número 24, sobre el ejercicio de la libertad de expresión en México y que se refleja en los datos duros que sustentan dicho documento:

Desde el año 2000 hasta el 31 de enero de 2016 han ocurrido 109 homicidios de periodistas; 20 periodistas han desaparecido desde el año 2005; han ocurrido 48 atentados a medios de comunicación desde 2006, y desde el 1 de enero de 2010 se han recibido 515 quejas por agravios a periodistas en el citado organismo.

En esta estadística no está incluido el artero crimen contra la periodista veracruzana, Anabel Flores Salazar, quien fue secuestrada en su propio hogar, delante de su familia, y luego torturada y ejecutada; sus victimarios tiraron el cuerpo de la comunicadora en una carretera de Puebla.

Los estados con mayor incidencia en el número de homicidios a periodistas son Veracruz, con 14.6%; Tamaulipas, con 11.9%; Guerrero, Chihuahua y Oaxaca con 11% cada uno, por lo que seis de cada diez homicidios de comunicadores ocurre en estas cinco entidades. De ahí la afirmación de que México es considerado un país peligroso para ejercer el periodismo en las Américas.

En lo que toca a los periodistas desaparecidos, los estados de Veracruz y Michoacán tienen un 20% de los casos cada uno, mientras que Tamaulipas, San Luis Potosí y Nuevo León tienen un 10% cada uno, por lo que siete de cada diez desapariciones de comunicadores ocurren en estas cinco entidades.

Ante este panorama, es evidente que este derecho enfrenta uno de los momentos más críticos y complejos de los últimos años, así como graves y diversos obstáculos, como los asesinatos de periodistas y actos de violencia contra quienes difunden información, ideas y opiniones, además de la impunidad muy alta en esos casos.

La recomendación, dirigida a la Procuradora General de la República, a los Secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, a los gobernadores de los Estados, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Comisionado Nacional de Seguridad, Presidente de la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, Procuradores y Fiscales Generales de Justicia, Secretarios de Seguridad Pública de las Entidades Federativas, Presidentes Municipales y Jefes Delegacionales, es un llamado enérgico a esas autoridades para que implementen políticas públicas encaminadas a generar un entorno seguro y respetuoso hacia los periodistas, comunicadores y medios de comunicación.

Sobre el estado que guardan las 176 averiguaciones previas iniciadas para la investigación de los homicidios y desapariciones de periodistas, así como de los atentados a medios de comunicación registrados por la CNDH desde el año 2000 al 31 de enero de 2016, 106 están en trámite; 45 de éstas se encuentran en integración desde hace 5 años y uno de los casos tiene 15 años en integración.



Los casos de agresiones a periodistas con investigación deficiente y sin sanción evidencian la falta de condiciones que las autoridades de los tres órdenes de gobierno están obligadas a generar para que haya libre expresión e investigación periodística sin consecuencias, pero también evidencian el nivel de arraigo de la impunidad, que alcanza un 90% en las agresiones cometidas contra periodistas y medios de comunicación.

En el extenso documento presentado hace unos días, se destaca que la omisión del Estado Mexicano frente a estos delitos, se refleja en la ausencia de agencias del Ministerio Público especializadas en la persecución de delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como de Fiscalías o Unidades investigadoras en las entidades federativas en que se advierte mayor incidencia de agresiones contra periodistas y comunicadores.

*Por Carlos Ángel Arrieta Llanas

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