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ARTICULISTA INVITADO
Héctor Yunes Landa
2014-12-07 / 21:43:33
Expresarse libremente sin afectar a terceros.
El pasado dos de diciembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que reforma los artículos 11 y 73 constitucionales, en materia de derecho a la movilidad universal a todo ciudadano en nuestro territorio nacional; siendo turnada dicha minuta al Senado de la República para su análisis, discusión y aprobación.







En los últimos años, los poderes ejecutivo, legislativo y judicial han venido reiterado su compromiso con el respeto y la promoción de los derechos humanos, fortaleciendo el andamiaje institucional y mejorando las condiciones para garantizar que los derechos humanos sean respetados; sin embargo, hay voces que ponen en la mesa de discusión no sólo los derechos, sino las obligaciones para que no se restrinjan las libertades que nos otorga la Constitución.







En ese contexto, surge el tema del derecho a la movilidad, la cual, debemos precisar, no está en pugna con el ejercicio de otros derechos como el de reunión, libre expresión o libre manifestación.







Desafortunadamente la falta de información o distorsión de esta, ha propiciado que se catalogue de retrograda y represiva dicha propuesta de reforma, acentuando el momento de crispación social existente. De ahí la necesidad de analizar cuidadosamente el contenido de ésta.







En ese sentido, los senadores de la República que en Comisiones Unidas están analizándola, han dejado muy clara su postura de que se garantice el derecho humano de movilidad, del acceso a los espacios públicos y evitar la comisión de delitos en contra de terceros.







La evolución en esta materia en el mundo es clara. Las democracias más avanzadas han regulado las movilizaciones con el compromiso ineludible de garantizar que sean pacíficas, ordenadas y no causen daños a terceros o al patrimonio público; donde los primeros beneficiados son los mismos reclamantes de que se les respete su derecho a reunirse y manifestarse, además de ver garantizada su seguridad.







En México, nuestras autoridades han expresado su compromiso de respetar los derechos de los manifestantes, pero también los derechos de los demás ciudadanos que necesitan circular adecuadamente, porque de ello depende su sustento y el de millones de ciudadanos que muchas veces se ven afectados en lo laboral, comercial e incluso en su propia integridad física.







De ahí las voces que sí están de acuerdo en la libertad ciudadana de expresarse en la calles, pero que éstas sean con orden, de no violencia, bajo los principios de máxima publicidad, en cuanto a la hora, rutas a seguir, entre otros aspectos, que no den pauta a la afectación de terceros o que delincuentes, bajo la bandera de manifestantes, aprovechen el momento para lastimar y robar.







En un país como el nuestro, donde existen ciudades con alta concentración demográfica en espacios reducidos, es pertinente analizar no sólo esquemas de movilidad, también es imperativo replantear estrategias de urbanización, que mejore la vialidad en el corto y mediano plazo, al ser este un tema cotidiano entre la ciudadanía.







Algunas de las democracias más consolidadas como Francia, Estados Unidos, Rusia, Canadá y España tienen regulaciones con requisitos específicos para realizar manifestaciones y marchas, un ejemplo, es que sanciona el uso de máscaras, pues si un manifestante enmascarado delinquiera, como un homicidio, su identificación sería difícil o imposible de aclarar; poniendo en riesgo a la población dentro y fuera de la manifestación.







El analista político y coautor del Informe del Desarrollo Democrático de América Latina (IDD-Lat) Jorge Arias, expresa muy bien el problema al decir que “cuando estalla la pólvora de la violencia se acalla las voces de la democracia, los derechos, el juego de las instituciones y volvemos al estado más primitivo que es la imposición de mis derechos y libertades por la fuerza y centralmente perdemos todas las bases del funcionamiento democrático”.







Por lo anterior, será siempre bienvenido todo esfuerzo que permita la seguridad y el respeto a los derechos humanos de los ciudadanos, así como el apoyo de los grupos políticos, sociales y económicos que desean el bienestar y desarrollo de México.

























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