En materia de corrupción dice el dirigente del PAN, Ricardo Anaya, que se debe empezar por reconocer que de nada sirve que haya denuncias ciudadanas, auditorías e investigaciones sino se castiga a quienes cometen actos de corrupción. Totalmente cierto el argumento esgrimido por el panismo, aunque son solo palabras que buscan reflectores previo al proceso electoral 2015, vana postura sino se acompaña con hechos, nadie les cree porque históricamente nada han hecho al respecto, ellos, todos.
El presente mes de noviembre el PAN presentó su iniciativa para combatir la corrupción, plantea la creación de un Comité Ciudadano para la Ética Pública, con comités vigilantes en toda la República para que denuncien irregularidades y hagan propuestas sobre el tema.
Propone la iniciativa panista que las contralorías de los organismos autónomos, como el Instituto Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre otros, sean nombradas por la cámara de diputados, y que el titular de la Secretaria de la Función Pública sea ratificado por el Senado para que se fortalezca su designación.
Para investigar las quejas por corrupción, proponen que en el ámbito administrativo sea la Auditoria Superior de la Federación y penalmente sea la Fiscalía Especializada de la procuraduría General de la República. Para emitir las sanciones respectivas se propone en el documento iniciativa que de las Contralorías de cada dependencia pase directamente a los tribunales, de carácter penal en caso de delitos y administrativos en caso de irregularidades menores.
El modelo propuesto pretende sea incorporado a estados y municipios y que todos los órganos involucrados en la lucha contra la corrupción integren un Consejo Nacional Contra la Corrupción.
Si se analiza la propuesta del PAN tenemos que no hay nada de novedoso veamos: Existen en todas las entidades del país denuncias de ciudadanos sobre autoridades corruptas y actos indebidos, lo que se traduce en que la sociedad se ha organizado desde siempre y denunciado tropelías de sus autoridades y como siempre también nada ha pasado. Que la cámara de diputados ratifique a un funcionario no es garantía de que actúe correctamente, menos de que sirva a los ciudadanos pues estaría comprometido con quienes pactaran su nombramiento, además de que todos sabemos que en el seno del congreso hay arreglos y repartición de cuotas de poder. Nada habría de nuevo en que la auditoria superior investigue la corrupción o que la fiscalía especializada lo haga en el ámbito penal, pues para eso fueron creadas. Absurdo es que piensen que plasmando en la ley, que las contralorías puedan pasar directamente los resultados de sus investigaciones a los tribunales para agilizar las sanciones, se terminará con el entorpecimiento que los gobiernos locales procuran es ilógico, esto seguirá ocurriendo porque la ley no se respeta. Todo esto de nada sirve, tampoco un consejo nacional anticorrupción, sino hay voluntad ni un verdadero compromiso de terminar con este cáncer que tiene en etapa terminal al país.
Sin duda la sociedad avanza más de prisa que la clase política, por una razón, tienen intereses distintos, los ciudadanos quieren transparencia, eficiencia, paz y progreso, mientras la clase gobernante busca enriquecerse y poco les importa la calidad de sus acciones, sus resultados y la rendición de cuentas, por lo que procuran mantener intacto el sistema de privilegios que mantuvo el PRI por más de 60 años, esta no es una afirmación a la ligera, como prueba inocultable están los 12 años de gobiernos del PAN, fallaron. Fueron depositarios de las esperanzas de los mexicanos para que el régimen cambiara, en el año 2000 arribaron al poder, sin embargo nada cambió, sus promesas solo eso fueron, nada fue mejor, por el contrario, hoy hay más pobreza, menos oportunidades, el incremento vertiginoso del gas, la luz y la gasolina ellos la iniciaron y con ello la economía familiar colapso. Con ese caldo de cultivo la delincuencia creció y se volvió aún más poderosa con el mal ejemplo de haberse impuesto en la presidencia mediante un fraude, porque en ese momento los límites de la ley ya frágiles de por sí fueron derrumbados, las instituciones no pudieron reaccionar ante tal gravedad porque quienes deberían respetarlas no tan solo no lo hicieron, distorsionaron su función y fueron ocupadas para perseguir a sus adversarios y agraviar a quienes se atrevían a reclamarles su deficiente gobierno.
Un punto importante que no toca la propuesta anticorrupción es el financiamiento de los partidos políticos, ya que manejan sus ingresos de manera discrecional porque la rendición de cuentas de ese dinero público es muy laxa, lo ideal es que este financiamiento se disminuyera gradualmente hasta que desapareciera, que sus militantes aportaran cuotas y que con ellas operaran, que a cambio ellos decidieran su plan de acción, candidaturas y cargos dentro de su estructura partidaria.
En la actualidad los partidos buscan candidatos que tengan recursos para costearse ellos mismos sus campañas, la ayuda que les dan es mínima, lo que se traduce en una situación donde la cartera mata propuestas, tal situación encierra graves problemas como los que hoy vive Guerrero aunque no es la única entidad con ese latente peligro.
Medidas importantes que ya es hora de tomar serían, el voto obligatorio, los debates difundidos obligatoriamente por los medios de comunicación, en cadena nacional en el caso de la elección de Presidente de la República, la difusión obligatoria y equitativa de entrevistas a los candidatos en los periódicos y medios de comunicación en general.
De esta manera se acotaría el margen de maniobra de los mercaderes de la democracia y se avanzaría en la democratización de los medios, también se ahorraría muchísimo dinero en pendones, espectaculares, volantes y propaganda que al final se convierte en un montón de basura donde el dinero de todos se desperdicia.
Lo mejor para combatir la corrupción es la voluntad para respetar la ley y las decisiones de los ciudadanos, existen leyes para regular el origen, destino y uso de los recursos públicos lo que no existe es compromiso con la ley, pero también no existe autonomía de los órganos de fiscalización y sus tribunales especializados, habría que pensar en elegir mediante el voto en elecciones al Auditor General de la Nación y a los Auditores de las Entidades Federativas, así como al Procurador General de la República con todas sus facultades para sancionar y hacer respetar la ley, de esta forma a quienes rendirían cuentas exclusivamente sería al pueblo de México.
El país vive momentos críticos, agraviados y engañados por muchos años los ciudadanos no creen, para que se les pueda creer a los dirigentes partidistas lo que proponen deben acompañar de hechos sus discursos, en el caso de Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN debe:
Presentar un padrón de funcionarios federales, estatales, municipales de ex legisladores y legisladores del PAN, de los últimos 14 años, para que una comisión plural del congreso de la unión supervisada por ciudadanos, indague el cambio patrimonial de los integrantes de esa lista, comparando lo que tenían antes de ser funcionarios, sus deudas, ingresos y propiedades y lo que tienen actualmente.
Quienes su cambio patrimonial no sean acordes con los ingresos que obtuvieron de sus actividades, deberán ponerse a disposición de las autoridades sus expedientes para que sean investigados por las autoridades, y en caso de que sean encontradas irregularidades se les sancione y en casos graves debidamente probados se les aplique la ley, particularmente la Ley de Extinción de Dominio para que los bienes recuperados sean reintegrados al Estado en beneficio de la sociedad. Una vez dado este paso como prueba de voluntad, esta medida deberá extenderse a toda la clase política.
Ricardo Anaya deberá encabezar estas acciones para ganar credibilidad, iniciando por disipar toda duda sobre su comportamiento, aclarando el contenido de las grabaciones que hace algún tiempo fueron hechas públicas, pronunciándose a que se refería cuando hablaba de cantidades y porque razón tal y como se escuchó en su conversación, no podía expresarse libremente sobre los asuntos a que hacían referencia, de paso aclarar cuál es su relación, si tiene negocios o que intereses le unen a su cuestionado interlocutor. De no hacerlo así, la propuesta de Ley Anticorrupción del PAN será otra de sus farsas.
JORGE MARIN BARRAGAN Orizaba, Ver. A 10 de noviembre de 2014.
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