De las variadas legislaciones que existen, la concerniente a la materia electoral resulta de mayor dinamismo por cuanto a que cada proceso electoral arroja experiencias que obligan al legislador a actualizar las leyes, de tal manera que se acorte en la medida de lo posible la distancia entre el ser y el deber ser. Legislación que no exprese un fiel reflejo de la realidad, por muy moderna que se pretendiera, podrá ser legal pero carecerá del equilibrio deseado para ser justa. De allí la permanente actualización de las leyes electorales.
No siempre ha sido así. En nuestro país, durante un largo periodo las leyes electorales permanecieron estáticas después de la Revolución Mexicana, Carranza primero y Manuel Ávila Camacho después, hicieron cambios en el marco electoral. En ocasión del cambio generacional en la clase política mexicana la Ley Electoral del 7 de enero de 1946 estableció que el proceso electoral quedara bajo la responsabilidad del gobierno federal. Para cumplir con ese mandato se creó la Comisión Federal de Vigilancia Electoral, integrada por dos miembros del gabinete (gobernación y otro), un senador y un diputado, además de dos comisionados de partidos políticos nacionales, escogidos, faltaba más, por el gobierno federal. Doce años más tarde, en 1958, este órgano electoral se transformó en Comisión Federal Electoral, que 31 años, 1989, después sería sustituido por el Instituto Federal Electoral.
Durante el proceso legislativo que creó la Comisión de Vigilancia Electoral, el 20 de diciembre de 1945, el diputado Gustavo Díaz Ordaz expresó que el Estado asumía su obligación ineludible de intervenir en los procesos electorales “asumiéndola plenamente a través de sus órganos y de sus funcionarios (…) para hacer nítida, pura y calificada la función de los hombres que intervengan representando al régimen en esos comités, es por lo que tienen intervención los partidos políticos” ( de El Fin de una Era). Durante muchas décadas la hegemonía priista, avalada por los gobiernos del mismo signo, impusieron las reglas del juego electoral, lo que generó desconfianza en torno a los resultados electorales, e hizo crisis en los comicios de 1988 obligando al gobierno a modificar el marco normativo electoral, su resultado más importante fue la creación del Instituto Federal Electoral.
La última década del siglo XX mexicano fue de una intensa participación ciudadana que orientó los cambios en materia electoral de la época imponiendo fuerte presión para armonizar las leyes electorales bajo la lógica del ahorro económico. El gobierno de Ernesto Zedillo accedió a buscar la homologación de los desgastantes procesos electorales en el país, empezando por las entidades federativas, en buena parte de ellas se consiguió el propósito, Veracruz entre ellas.
Durante el gobierno de Patricio Chirinos se reformaron las leyes locales para ajustarlas al Código Federal de Instituciones e Instituciones Electorales (Cofipe), para conseguirlo se celebraron foros de consulta con especialistas en la materia, así resultó el Código de Elecciones y Derechos de los Ciudadanos y las Organizaciones Políticas del Estado de Veracruz, que dio nacimiento a un órgano electoral autónomo y a un Tribunal Estatal de Elecciones. Fue durante los comicios de 1998 cuando inició el proceso implementador de la homologación: junto con la elección de gobernador (Miguel Alemán Velasco) se renovó también el Congreso local cuyos integrantes permanecerían en esa función dos años, de tal manera que en la siguiente elección federal del año 2000 coincidirían elecciones de legisladores locales con la de presidente de la república, senadores, diputados federales y alcaldes, y estos por una sola ocasión serían electos para un periodo de cuatro años. Por estos procedimientos en 2004 se homologaron las elecciones para renovar los poderes ejecutivo y legislativo y para renovar ayuntamientos.
Pero como suele suceder en nuestro medio político lo que un gobierno hace el otro lo desbarata. Por alguna razón, cuyo fundamento aún se desconoce, el actual gobierno estatal alargó a cuatro años el periodo de los ayuntamientos veracruzanos, tal medida dio al traste con la homologación electoral que ya se había conseguido en este estado, simplemente porque al desajustar el periodo de ayuntamientos, se trastornó el ritmo electoral ya establecido.
Ahora se habla de iniciativas que proponen que haya un gobernador de dos años para ajustar a la presidencial de 2018 la de este estado. No hay argumentos que pesen para tal propósito, ¿para qué homologar? ¿Para ahorrar dinero? Entonces la primera reflexión sería que no fue ese el propósito de alargar un año más el periodo municipal, o no se valoraron las consecuencias y se hizo al ahí se va. Otra tesitura sería si coincidieran aun las tres elecciones en el fin del periodo, porque a estas alturas estaríamos pensando en homologar solo la elección para gobernador del estado con la de presidente de la república.
El suelo está parejo y, se insiste, ninguna iniciativa prosperará en el Congreso local sin el concurso favorable de la bancada priista que, como hasta el más neófito en la materia sabe, obedece consignas desde otro poder. Esto hace inferir, es mera hipótesis, en que no está en el ánimo del gobernador hacer que prospere una iniciativa a favor de una gubernatura de dos años porque, de ser así, lógicamente hubiera bastado con incluirlo en su iniciativa al Congreso y no darle la vuelta a través de otro partido. Lo contrario bordaría los límites cercanos al teatro de lo absurdo.
alfredobielmav@hotmail.com sociedadtrespuntocero.com
30-Junio-2014
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