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ZAMUDIO
Julio César Alonso Zamudio
2011-07-15 / 22:34:57
“HACIA UNA NUEVA GOBERNABILIDAD”
La implementación de nuevos modelos institucionales y la alternancia política en los tres niveles de gobierno fueron punto de partida para nuestra transición como país, a un sistema de mayor amplitud democrática. Estos acontecimientos, característicos de finales del siglo pasado, alentaron la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos y forjaron un entusiasmo con respecto al buen desempeño de los nuevos gobiernos y al crecimiento económico.



Años después de iniciada esta transición, es necesario perfilar las características de un nuevo sistema en el cual la gobernabilidad provenga justamente de la participación ciudadana. Lo anterior luego de reconocer que es impensable para nuestro país, regresar a modelos en donde la política se generaba desde una posición hegemónica que brindaba verticalidad a la toma de decisiones fundamentales.



La consolidación de la pluralidad al interior de los Poderes del Estado y su materialización en la nueva relación Ejecutivo – Legislativo, ha obligado al sistema presidencialista a considerar seriamente su apertura, mostrándose conforme con la posibilidad de acercarse más a la sociedad en busca de la legitimación de sus actuaciones.



Un primer paso en este acercamiento nos conduce a la discusión que actualmente se encuentra en el Congreso de la Unión. A lo largo de varios meses, las diversas iniciativas tanto del Ejecutivo Federal así como de todos los grupos parlamentarios han sido analizadas cuidadosamente para crear nuevos arreglos institucionales en una Reforma del Estado.



El inicio de este proceso fue la importante modificación constitucional en materia de derechos humanos, misma que ya entró en vigor. Gracias a ésta, los derechos humanos alcanzan el rango más elevado de nuestra jerarquía normativa, restringiendo así la actuación del Estado ante posibles vulneraciones del régimen más natural de las garantías, y promoviendo la prevención, investigación, sanción y reparación de toda violación a este régimen.



Éste nuevo modelo garantista se fortalece con los cambios al juicio de amparo propuestos por el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, que también fueron aprobados por el Congreso federal y que entrarán en vigor los primeros días de octubre de 2011. Con estas adecuaciones se brinda una más amplia y pronta defensa a los derechos humanos, reconociendo y garantizando no sólo los contemplados en nuestra Constitución sino en los Tratados Internacionales de los que México forma parte. Además de lo anterior, se crea la figura del amparo adhesivo, con lo cual se permitirá ampliar los efectos de la sentencia a quien tenga interés en la subsistencia del acto reclamado.



Estos cambios en la estructura jurídica abren paso a las modificaciones del modelo político-electoral. Por ello, una segunda etapa de la reforma política está encausada a empoderar al ciudadano mediante dos fórmulas: la primera es la implementación de mecanismos de participación directa y la segunda, la instauración de la reelección legislativa.



Si bien los partidos políticos se consideran como el conducto ideal a través del cual los ciudadanos pueden participar y acceder a cargos públicos, éstos han sido rebasados por las exigencias de los ciudadanos, quienes se han declarado escépticos respecto de sus procesos internos y líneas de acción.



Como consecuencia, la reforma política plantea permitir la postulación de candidatos ciudadanos al margen de los partidos, para todo tipo de cargos públicos del orden federal y, en su caso, a aquellos cargos que las legislaciones estatales permitan acceder. Se trata de un mecanismo de apertura que podría poner contra la pared a la partidocracia y sin duda, pondrá a prueba la capacidad de la sociedad de organizarse en torno a un proyecto ciudadano. Habrá que esperar la regulación que los legisladores decidan formular a esta reforma, para saber si en realidad la clase política está dispuesta a arriesgar sobre todo sus cotos de poder presupuestal.



Otra de las propuestas de corte participativo lo es la iniciativa ciudadana. Cabe señalar al respecto, que diversos estudios de opinión han revelado precarios niveles de empatía entre la sociedad y la clase política en general. Ello deriva principalmente de grandes distorsiones en el sistema de representación política generadas por un mercado poco eficiente en el reparto de utilidades públicas; esto es, nuestro sistema representativo no asegura la participación de los ciudadanos en la toma de decisiones de interés general.



La iniciativa ciudadana busca abrir estos canales de acción con la finalidad de plasmar desde la Constitución, el derecho de la colectividad para incidir directamente en el proceso de formulación de las políticas públicas. Una propuesta oportuna que necesita ser blindada mediante dos bases fundamentales: primera, estableciendo razonablemente un número de firmas necesarias para su presentación ante el Congreso federal, y segundo, garantizando su dictaminación y votación por parte de éste último, en un plazo no mayor a un año legislativo. De esta manera, se evitará la nugatoriedad de la norma.



La reelección legislativa es el tercer eslabón en la cadena más importante de la reforma política. Un tema analizado desde el mundo político y académico hace tiempo atrás y que ha generado opiniones encontradas al insertarnos en el contexto de los países democráticos. Contexto en el cual, México es una excepción, puesto que junto con Costa Rica, no permite la reelección inmediata de sus representantes populares.



Es de reconocer que el principio de la no reelección acuñado a principios del siglo XX tuvo su razón de ser en los albores de un sistema cerrado de poca participación. Sin embargo, la alternancia y la pluralidad que ahora caracterizan a nuestra política, exigen una mayor cercanía entre los representantes y quienes son representados.



La reelección legislativa permitirá instaurar el mecanismo de “permanencia según resultados” al interior de nuestras Legislaturas, lo cual fortalecerá el compromiso adquirido por los servidores públicos de elección popular, al mismo tiempo que estrechará sus vínculos con todos aquellas personas que se interesen en la rendición de cuentas.



En síntesis, las expectativas son muy amplias en tanto se trata de reformas de grandes dimensiones para nuestro país, si partimos del supuesto de que una democracia moderna es aquella que trasciende el ámbito representativo para enriquecerse de la participación de los ciudadanos.

opinion_jcaz@yahoo.com.mx

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